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Interior decidirá en tres meses si crea una unidad para delitos ambientales

La Fiscalía ha pedido oficialmente por dos veces un servicio de este tipo

El Departamento de Interior resolverá antes de marzo si crea en la Ertzaintza una unidad específica para delitos medioambientales. El Parlamento aprobará hoy una propuesta, pactada entre el PSE y el PP, con el fin de que en tres meses se elabore un informe que justifique o no esta área especializada de la policía autonómica. La Fiscalía de Vizcaya ha pedido oficialmente ya dos veces desde 2008 una unidad policial especializada en medio ambiente, ya que ha tenido que recurrir a la Universidad del País Vasco o a la Guardia Civil para la elaboración de informes periciales.

La creación de esta unidad es una vieja reivindicación de los colectivos ecologistas, pero también de los fiscales vascos, que se han encontrado con la dificultad de lograr pruebas y datos para perseguir un delito medioambiental. "Son delitos que requieren un ritmo de investigación una unidad de la Ertzaintza especializada sería una manera de agilizarla. Es algo absolutamente necesario", afirma Carmen Adán, fiscal jefe de Vizcaya. Desde que accedió a su cargo en 2008, ha tramitado dos solicitudes por escrito a la consejería de Interior en este sentido. "El Departamento tiene buena disposición", asegura.

"Es absolutamente necesaria", argumenta la fiscal jefe de Vizcaya
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Aunque la situación ha mejorado, a principios de la década el 90% de las denuncias medioambientales se archivaban por falta de pruebas y había una media de tres escritos de acusación al año. El pasado año, según los datos del Tribunal Superior, hubo 27 procedimientos judiciales sobre delitos contra el medio ambiente.

En Euskadi hay cuatro fiscales expertos en medio ambiente, dos de ellos en Vizcaya. La falta de una unidad especializada en la Ertzaintza les obliga a recurrir al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil o la UPV. Han ocurrido casos, como en la investigación de un campo de tiro ilegal en Lezama, en el que la fiscal de Medio Ambiente pidió por dos veces un informe toxicológico a la Ertzaintza sin obtener respuesta. Otro problema es que, debido a la diversidad de competencias, no queda claro cuál es la institución o entidad encargada de tramitar una denuncia.

Aralar ha presentado una propuesta, que se debatirá hoy en el Parlamento, para crear una sección especial en la Ertzaintza para investigación de delitos contra la naturaleza. El parlamentario Dani Maeztu explica que si un ciudadano denuncia un delito debe seguir con el proceso, en vez de "que la administración asuma dicha responsabilidad". La iniciativa ha tenido el apoyo de los grupos minoritarios, mientras que el PNV, que nunca ha impulsado esta unidad en sus 30 años de gestión al frente de Interior, ha presentado una enmienda en la que pide formar a los agentes en esta materia y coordinarse con las diputaciones y ayuntamientos, pero sin plantearse crear este servicio.

Socialistas y populares han pactado una enmienda, que saldrá adelante por la mayoría absoluta de ambos grupos, en la que se insta al Gobierno a que elabore un informe en un máximo de tres meses sobre la labor que realiza la Ertzaintza en los delitos medioambientales. Una vez tenido este diagnóstico, Interior decidiría la creación o no del servicio específico en la policía autonómica. "No se puede crear ahora una unidad especializada sin estudiarlo y lo primero es que la consejería explique la labor que realiza ahora", afirmó la portavoz socialista en Medio Ambiente, Natalia Rojo.

Ruido y vertidos

- La última memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, correspondiente al ejercicio de 2008, constata un incremento "notable" de las denuncias por contaminación acústica en su apartado de delitos medioambientales. El pasado año había tres causas pendientes de vertidos causados por empresas.

Además, se incluyen las cuatro causas que se instruyen por los depósitos de residuos del pesticida lindane en Bilbao y Barakaldo.

En 2008 se tramitaron tres causas por vertederos presuntamente ilegales y se destaca la campaña de colaboración con más de 20 ayuntamientos con el fin de evitar incendios forestales provocados por la ubicación de basureros ilegales en zonas boscosas.

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