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COLUMNA

La tormenta perfecta

Una adecuada temperatura del agua del mar, una bastante baja del aire en capas altas y una determinada dirección del viento nos han explicado los meteorólogos que generan la tormenta perfecta, a la que también llaman "gota fría" y cuyos efectos pueden ser desastrosos.

Lo recordaba al pensar cómo la burbuja inmobiliaria, la codicia empresarial, unas modificaciones lamentables de la Ley del Suelo, la inmoralidad de algunos cargos municipales y la pasividad seguramente culpable de algunos partidos políticos, no podían, todas juntas, no generar su propia "gota fría": la corrupción urbanística.

En un contexto de especulación en el sector inmobiliario, es decir, de aumentos continuados de la demanda y de los precios, la mayor fuente de beneficios no se encuentra en mejorar la calidad de los productos o en controlar rigurosamente los costes, sino en aumentar el aprovechamiento del suelo, es decir, edificar más metros de techo en los mismos metros de solar. Para obtener beneficios muy importantes lo primero no es una buena gestión, sino una buena recalificación.

Para tener beneficios muy importantes, lo primero no es una buena gestión sino, una buena recalificación

De acuerdo con la legislación actual, la concesión de licencias y la recalificación -la capacidad de crear riqueza, aumentando el valor de unos terrenos- está en manos de los responsables municipales. La Ley del Suelo del PP, con la excusa de bajar el precio del suelo, convirtió todo el suelo en urbanizable, aumentó la autonomía municipal y suprimió una serie de controles sobre esta actividad. Promotores inmobiliarios y responsables urbanísticos se encontraron, pues, ante unas oportunidades no desdeñables. En los casos, no todos por descontado, en los que se han unido la codicia de unos y la inmoralidad de los otros, salta la corrupción. Esta corrupción no es un robo, no es meter la mano en la caja de una empresa o una institución. Tampoco es la corrupción más conocida, la de adjudicar un contrato a cambio de una comisión. La que estamos contemplando supone apropiarse indebidamente de una riqueza que se ha generado, sin coste, como consecuencia de un acto administrativo, y que va a parar de forma repartida a propietarios, cargos públicos e intermediarios. Y en algunos casos, a partidos.

El papel de los partidos políticos, que normalmente tienen gran capacidad de influencia sobre sus cargos electos, ha sido muy pasivo. En algunos casos era inevitable, ya que el partido ha sido también beneficiario de parte de la comisión. En los casos en los que no ha sido así, el desconocimiento desde el partido de la actividad corrupta puede justificar la inacción. Pero en muchos casos el desconocimiento ha ido derivando en sospecha y ha acabado en evidencia, aunque no sea pública. El mantenimiento de la pasividad ha estado originado por el miedo, miedo a tomar medidas, para evitar que el conocimiento público que ello supondría provocara, no sólo el desprestigio personal del implicado, sino un daño a la imagen del partido. Explicable pero equivocado.

Una vez adoptada esta actitud se entra en una dinámica infernal, ya que cuando llega a conocerse públicamente la realidad, sea por una filtración, por una denuncia o por una actuación judicial, el partido se encuentra en la necesidad de alegar desconocimiento (cosa que a veces roza el ridículo) o de pretender la falsedad de las impugnaciones (a veces en contra de las evidencias). Esto sí que produce un daño extraordinario. La persistencia en defender a los propios y recrearse en la indignación ante los casos de otros partidos, es la leña que más alimenta el fuego del "todos son iguales", ya que se aprecia en tales actitudes un componente de cinismo.

Una serie de condiciones objetivas ha generado la tormenta perfecta. Hay que actuar para que suban o bajen las temperaturas del aire y del agua y para que cambie la dirección del viento. Estos días se han hecho largas listas de leyes que habría que modificar o impulsar. Espero que ese haga, aunque no es inmediato ni el consenso ni el trámite.

Entretanto, sabemos que hay acciones que permiten abortar una tormenta o evitar sus consecuencias. No se pueden esperar los ritmos legislativos. Se necesita una muestra de credibilidad que permita modificar la opinión pública. Solamente una actuación concertada, contundente y creíble de los partidos identificando, atajando y desterrando la corrupción desde dentro podrá evitar que el agua llegue a niveles de peligrosidad social.

Joan Majó es ingeniero y ex ministro

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de noviembre de 2009