La juez acusa de prevaricación y tráfico de influencias al alcalde de Castro de Rei

El alcalde de Castro de Rei y diputado provincial de Lugo, Juan José Díaz Valiño, y el concejal Antonio Balado, ambos del PSdeG, quedaron ayer en libertad con cargos y sin fianza, tras haber prestado declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 3, Estela San José, quien dirigió la operación anticorrupción por la que fueron detenidos el pasado lunes, además del regidor, dos ediles del grupo socialista y uno de Terra Galega.

En los autos de libertad de la jueza no figura ninguna imputación formal, aunque ha trascendido que Antonio Balado entró a declarar por un presunto delito de tráfico de influencias, lo mismo que el alcalde, al que también se agrega otro supuesto caso de prevaricación. El posible trato de favor en la adjudicación de obras subyace en la intervención judicial, que ayer dio lugar a una larga jornada de interrogatorios que concluyó con el del concejal de Obras, Roberto Lorenzo (TeGa).La juez dedicó toda la mañana al alcalde, que, para sorpresa general, fue el que abrió la sesión de declaraciones. Díaz Valiño llegó al juzgado esposado y en medio de un inusitado despliegue policial, custodiado el vehículo en que viajaba por agentes motorizados. Una vez dentro, estuvo ante la jueza durante algo más de dos horas, aunque luego se demoró su salida hasta que concluyó la redacción del acta. Fue allí donde le comunicaron que estaba imputado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, aunque habrá que esperar al final de la instrucción del caso para conocer las imputaciones definitivas de la instructora.

Díaz Valiño tuvo que responder a numerosas preguntas relacionadas con la adjudicación de obras del Plan de Obras y Servicios (POS), Plan E y del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL). También hubo de responder a las varias adjudicaciones que se realizaron a una empresa con la que tiene vinculación familiar la concejal Ana Canto, que había quedado en libertad con cargos la jornada anterior. La base principal de la intervención judicial se fundamenta en escuchas telefónicas previas a la adjudicación de obras, parte de las cuales se produjeron en el mes de junio, cuando este juzgado ya trabajaba en otro amplio proceso sobre supuesta incoación irregular de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico.

El regidor argumentó las cuestiones que le fueron planteadas y fundamentó en la profesionalidad que acredita la empresa de los familiares de la concejal el hecho de que se hubiera beneficiado de varias adjudicaciones, especialmente relacionadas con obras de traída de aguas. Con aspecto cansado, el alcalde salió del juzgado pasadas las tres de la tarde. Se detuvo durante unos segundos con los periodistas para indicar que "todo" se había "aclarado" ante la juez y pospuso para dentro de unos días explicaciones más exhaustivas ante los medios de comunicación.Al mismo tiempo que Díaz Valiño prestaba declaración en el juzgado, unas 400 personas se concentraban en la plaza de Galicia de Castro Riberas de Lea, para testimoniar al alcalde y los tres concejales detenidos el apoyo vecinal.

Hasta allí se desplazaron varios cargos socialistas, entre los que se encontraba la vicesecretaria provincial del PSOE, Sonia Verdes, quien apeló a la presunción de inocencia de los detenidos, tres de los cuales tuvieron que dormir dos noches en los calabozos de la comisaría de policía.

Por la tarde entró a declarar el edil de Aguas, Antonio Balado, quien fue recibido entre aplausos por las muchas personas que esperaban en el interior del juzgado. Ya en el despacho de la juez fue informado de su presunta implicación en un delito de tráfico de influencias y también interrogado por la adjudicación de obras. A la salida dijo sentirse "tranquilo" y trasladó el interés de los medios a la conferencia de prensa que previamente había anunciado el alcalde.