Imputada una de las detenidas en Castro por tráfico de influencias

Uno de los cuatro cargos públicos detenidos el pasado lunes en Castro de Rei (Lugo), la concejala socialista Ana Canto quedó ayer en libertad sin fianza. La juez le imputa un delito de tráfico de influencias. El resto, el alcalde y diputado provincial socialista, Juan José Díaz Valiño; el edil del mismo partido, Antonio Balado, y el concejal de Terra Galega, Roberto Lorenzo, pasaron su segunda noche consecutiva en los calabozos de la comisaría de Policía y se espera que hoy puedan prestar declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 3 que instruye un caso de supuesta prevaricación y tráfico de influencias. La titular del juzgado, Estela San José, decretó el secreto de sumario.

Rodríguez Miranda asegura que "la corrupción ha llegado al PSOE"

Vecinos del pueblo se manifiestan a favor de los ediles detenidos

La adjudicación de contratos del Plan de Obras y Servicios (POS) a una empresa (Construcciones Canto), propiedad de los hermanos de la concejala centró parte del interrogatorio que se prolongó durante media hora y al que también asistió el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Rey. Una escucha telefónica al alcalde, cuyo origen se desconoce, pudo ser el motivo por el que Canto figure ahora como imputada, aunque ella asegura que tras haber respondido ante la juez, todavía desconoce el por qué de su detención. Se mostró convencida de que sus compañeros también quedarán en libertad.Ante las preguntas del fiscal, la concejala Ana Canto explicó que la empresa de su familia se constituyó bastante antes de que ella hubiera obtenido el acta de concejal. Fuentes del PP de Castro de Rei, el partido que está en la oposición, admitieron que Hermanos Canto había realizado más obras con el anterior alcalde popular que en estos dos años de gobierno socialista. El hecho de que únicamente uno de los cuatro detenidos hubiera pasado a disposición judicial y el gran despliegue con el que se realizó la intervención judicial y policial, ha sembrado el desconcierto entre los integrantes de la corporación local y el propio entorno de los implicados.

La puesta a disposición judicial del resto de detenidos podrá esclarecer algo más el alcance de la operación, así como del contenido de la documentación incautada -11 cajas- en el registro del pasado lunes y los papeles sobre contrataciones de personal en la Mancomunidad de Municipios de A Terra Chá, que luego se recogieron en el Ayuntamiento de Cospeito, donde reside la sede de esta agrupación supramunicipal.

Las obras del plan objeto de la investigación se financian con fondos de la Diputación, del Estado y de los propios ayuntamientos, si bien son los gobiernos municipales los que contratan las infraestructuras, casi siempre de escasa entidad, para dotación de servicios. En el registro del ayuntamiento también se intervino documentación relacionada con el Plan E, que sirvió al gobierno local para ejecutar nueve obras adjudicadas a cinco empresas por un importe total que se aproxima a los 800.000 euros.

La jornada de hoy también se prevé frenética en un juzgado por el que ya desfilaron varios cargos públicos durante el pasado verano presuntamente implicados en la incoación irregular de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico. La titular de esta sala también instruyó en su día las diligencias previas de una denuncia contra el Ayuntamiento de Lugo por un delito contra la ordenación del territorio.

Una agrupación de vecinos de Castro de Rei convocó para esta mañana una concentración en la localidad de Castro Riberas de Lea, en apoyo del alcalde y concejales detenidos. El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, mostró su extrañeza ante este caso. Se limitó a expresar su confianza en la Justicia y a apelar a la presunción de inocencia. El alcalde detenido forma parte del gobierno de la Diputación, en el que es responsable de la red viaria.

La operación de Castro de Rei llegó también al Parlamento. No estaba en el orden del día de la sesión plenaria, así que la refriega sobre el presunto caso de corrupción, se dirimió en los pasillos del Pazo do Hórreo. Y eso que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió como en otros casos similares que afectaron a su partido, "evitar los juicios paralelos" y dejar que la Justicia actúe. Lo reclamó Feijóo a preguntas de los periodistas, tras lamentar la muerte de la condesa de Fenosa, Carmela Arias y Díaz de Rábago.

Pero tardó tres minutos en presentarse en el mismo escenario el portavoz de su partido, Antonio Rodríguez Miranda, para concluir que la "corrupción ha llegado al PSOE de Lugo". Miranda ajustó cuentas a su secretario provincial, Ricardo Varela y lo instó a dar las explicaciones pertinentes. En lugar de Varela compareció la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, quien reprochó a Miranda que "calle" cuando los jueces condenan a dirigentes de su partido como el superdelegado en Ourense, Rogelio Martínez, o encarcelan a otros como Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y "hable para injuriar" a los socialistas. Barcón, quien dijo ignorar cómo terminará el sumario de Castro de Rei, expresó "su confianza" en que las actuación del alcalde socialista en la localidad "se haya ajustado a la ley y a la moralidad".