El Gobierno reclama la tercera hora de castellano en Cataluña
Las partes tienen seis meses antes de ir al Constitucional
Primeras rozaduras, de momento sin choque, entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña por la ley de Educación aprobada hace tres meses por el Parlamento catalán. El Gobierno central se ha dirigido al autonómico cuestionando que éste tenga capacidad para fijar los programas y los horarios de las enseñanzas no universitarias.
En la práctica, esto supone que el Ejecutivo central pone en duda que la Generalitat de Cataluña pueda eludir por ley, entre otras cuestiones, la tercera hora semanal de castellano en las escuelas. Un decreto estatal fijó hace dos años ese mínimo, pero el Parlamento catalán ha eludido este precepto en su primera ley de educación, aprobada el pasado julio.
La ley educativa catalana quedaría paralizada si llegara al alto tribunal
La mayoría de las escuelas catalanas imparten dos horas por semana de castellano, aunque algunas ofrecen tres en función de su propio proyecto educativo.
La petición de información del Ejecutivo central la dio a conocer ayer el consejero de Educación, Ernest Maragall, y la ha lanzado el Ministerio de Política Territorial, que dirige el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. El Ministerio de Educación, que hizo un informe sobre el tema a petición del de Política Territorial, quiso ayer quitarle hierro a la petición insistiendo en enmarcarla dentro de la "normalidad institucional".
El Ejecutivo central también cuestiona la decisión de Cataluña de crear un cuerpo propio de catedráticos de secundaria como prevé la ley de Educación catalana.
Ambas partes disponen de seis meses para poner sobre la mesa sus criterios y acercar posiciones. No se paraliza la aplicación de la ley catalana ni hay cambios en su articulado, explicó el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Francesc Colomé. Sólo si el Gobierno central decidiera recurrir los artículos en cuestión al Tribunal Constitucional, la norma catalana quedaría paralizada. El consejero de Educación remarcó ayer que la ley es "constitucional y seguirá desplegándose".
La norma estatal fija que Cataluña, al ser una comunidad con dos lenguas oficiales, decide el 45% de los programas y horarios escolares y el Estado el 55%. CiU, principal partido de la oposición, criticó que el Gobierno catalán no hubiera informado hace días de las dudas que plantea al Gobierno central a la ley catalana.
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