La Comunidad aún tramita ayudas a la dependencia solicitadas en 2007

Un coche para frente a la oficina donde la Comunidad de Madrid explica a los solicitantes de una ayuda por Dependencia cómo van sus trámites. Baja una mujer y se acerca a la puerta, donde la recibe una agente de seguridad: "Ya no hay números para hoy, tendrá que volver mañana", le dice. Son sólo las doce y pico de la mañana. La mujer vuelve al coche de su vecino, que es quien la ha traído, a ella y a su hijo tetrapléjico.

La mayoría de los que salen por la puerta de la calle de Espartinas número 10 tiene cara de pocos amigos. O de rabia. Porque las ayudas no acaban de llegar pese a estar concedidas, o porque a muchos de los que las han solicitado, incluso en 2007, cuando arrancó la Ley de Dependencia, aún no se las han otorgado.

"Cuando nos den el dinero, mis padres habrán muerto", se queja una mujer

Los atendidos son el 0,30% de la población; sólo Canarias va peor

Lo dicen unos y otros cuando abandonan esa oficina. "Que todavía están tramitando las ayudas de 2007", informa otra mujer con sus dos progenitores dependientes. Y así se lo han comunicado también a los trabajadores sociales que llaman para interesarse por los expedientes más antiguos. Pero a preguntas de este periódico, la Comunidad responde: "La concesión no depende del año de solicitud, sino del nivel de dependencia, los más graves entran antes".

La madre de Elena García tiene alzhéimer a sus 86 años, y el padre insuficiencia respiratoria. "Solicité la ayuda para mi madre, que es gran dependiente. Aún no sabemos qué ayuda nos darán, me acaban de decir que todavía van por los de 2007. Yo quería un apoyo económico hasta que me den la residencia, pero si pido el dinero tendré que esperar dos años más para la residencia. He puesto una reclamación", explica Elena. Mientras tanto, los hijos se apañan con sus recursos para atender a los padres. "Cuando nos quieran dar la ayuda habrán muerto", se solivianta Elena.

¿Qué ha hecho la Comunidad en estos casi tres años que lleva en marcha la Ley de Dependencia? Para empezar, el número de solicitudes que consta en la estadística regional (43.098) es muy bajo, según los expertos consultados. El Gobierno de Aguirre afirma haber evaluado el grado de dependencia de prácticamente todos los que lo han solicitado (decenas de casos desmienten esto). Añade que 36.471 personas tienen ya derecho a una prestación, según los datos difundidos ayer. El derecho lo tienen, pero sólo la mitad ha recibido la ayuda, unos 18 puntos por debajo de la media española.

Y no es porque la Comunidad maneje cifras absolutas muy grandes debido a su población. No. En regiones con menos habitantes, como Castilla y León, ya reciben ayuda casi 30.487 personas. En Galicia, 27.217. En Madrid, sólo 18.588.

"La ley lleva un gran retraso, al inicio porque se la boicoteó, pero ahora también se debe a la ineficacia del Gobierno. Hay personas a las que tardan un año en evaluar", dice la portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera.

El abogado José Ausín, que lleva los casos de decenas de personas en Alcorcón, no cree que los retrasos "y el caos en la concesión de las ayudas" se deban a la ineptitud de los funcionarios. "Tiene que haber una intencionalidad política detrás. Esto ha sido una tomadura de pelo". Ausín recurrió al Tribunal Superior de Madrid un reglamento que permitía retrasar los plazos y que regulaba el silencio negativo; si la Administración no contestaba al ciudadano, éste se quedaba en "el limbo". La sentencia está por salir.

¿Realmente ha habido ese boicoteo a la ley que Zapatero echó en cara a Rajoy en los debates electorales? De ninguna manera podría afirmarse eso de algunas comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o La Rioja, que presentan datos en su gestión sobresalientes en varios capítulos. Pero los gráficos de Madrid están muy lejos de la eficacia. "No puede entenderse cómo teniendo la Comunidad una red de servicios sociales bastante desarrollada, la implantación de la Ley de Dependencia es mínima", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Los usuarios atendidos, 18.588, representan un 0,30% de la población, un porcentaje sólo mejor que el de Canarias; la media está en un 0,90%. "Si se aplicaran las medias nacionales, a la Comunidad le faltarían 93.000 solicitudes y más de 37.000 personas deberían estar ya atendidas", explica Ramírez.

Ilustrativo es, por ejemplo, el mapa de las ayudas concedidas: el 74% de los solicitantes ha obtenido una plaza en una residencia, 50 puntos por encima de la media española. Si estas cifras fueran creíbles, que no lo son, 13.500 personas habrían entrado en un geriátrico en los últimos tres años. "Se han limitado a traspasar a las listas de Dependencia a muchos de los dependientes ya atendidos. El Tribunal de Cuentas debería investigar si la Comunidad aporta por el total de personas incorporadas al sistema de Dependencia el dinero que le corresponde para cumplir con su parte de la ley, el 50%", añade Ramírez.

Residencia solicitó para su madre Pilar Fernández, antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia (en 2007). Y justo ahora, cuando más falta le hace, por su deterioro, los papeles, que se tramitaban al modo antiguo han pasado bajo la gestión de la nueva norma. "Ahora tengo que volver a empezar casi desde cero. Necesito ayuda con urgencia. Yo tengo fatiga crónica y no hay más familiares", asegura.

La Comunidad afirma que "no existe lista de espera en residencias, las listas de residencia y dependencia se han unificado".

A pesar de que la Comunidad dice haber ingresado en residencias a más de 13.000 personas desde 2007, sólo ha incrementado su número de plazas de 2007 a 2008 en 5.173, según los datos de la Encuesta de personas mayores del Imserso. La proporción de plazas en relación con el número de mayores de 65 años apenas se ha incrementado un 0,4% en el mismo periodo.

La Comunidad ha procedido como lo hicieron casi todas al inicio de la ley: incorporaron a la lista de atendidos con la nueva ley a miles de ancianos que ya estaban ingresados en geriátricos. Eso les permitía maquillar estadísticas y recibir dinero del Gobierno. Así lo han reconocido muchas de ellas. Incluso se redactaron normas que permitían esta práctica. En la Comunidad, la orden 2.176 de 2007.

De un mes para otro, en la estadística madrileña aparecían miles de nuevos usuarios de geriátricos. El 1 de diciembre de 2008 el Gobierno regional aseguraba que había concedido por Ley de Dependencia 9.037 plazas. Y un mes después la cifra saltó a 13.241, más de 4.000 nuevas personas, y con las vacaciones de Navidad en medio. Ninguna comunidad dio un salto tan espectacular, y eso que todas sabían que el Gobierno iba a prohibir esa práctica de inmediato. Lo hizo en un decreto en febrero, en el que advertía de que no daría más dinero si la solicitud no partía del propio ciudadano. Aquel mes, curiosamente, Madrid sólo incorporó a sus listas de residencias a 45 personas.

Los familiares del anciano ingresado recibían una carta en la que se decía: "Se constata que el solicitante ocupa una plaza en la red pública...". No había tal solicitante. Y se le comunicaba: "Teniendo en cuenta que ya fue evaluado al tramitar el acceso a la plaza pública de que dispone, le comunicamos el grado y nivel de dependencia que le corresponde, evitándole así la realización de trámite alguno para ver reconocido su derecho".

Muchas comunidades han hecho algo parecido, pero han ido otorgando otras ayudas para nuevos usuarios. Sólo hay que fijarse en la paga para el cuidador familiar, una prestación nueva. En casi todas las comunidades esta ayuda se ha disparado, menos en Madrid, donde alcanza un 14% frente a una media nacional ya del 57%. Quizá no siempre sea la ayuda más adecuada, pero al menos es algo, indica que la ley se mueve. Las comunidades han tirado de ella para compensar a las familias por su trabajo mientras no pueden ofrecerles servicios. Madrid, de nuevo, da la nota.

Celia San Ildefonso sale de la oficina de información caminando con dificultad. Tiene 77 años y contracturas de ayudar a su marido, con 81, para el que solicitó una ayuda "hace un año". El hombre se ha roto una cadera. "Se cayó ocho veces en 17 días". Le han operado. Celia recibe ayuda a domicilio, pero no es suficiente. La mujer se acerca a la oficina a llevar más documentación médica.

Fuencisla López, separada, de 56 años, solicitó en 2007 una ayuda para cuidar a su hijo tetrapléjico. Lo evaluaron con la máxima puntuación. "En julio nos dijeron que nos concedían 518 euros. Todavía estamos esperando". "El chico tiene una pensión de 818 euros, pero pagamos el piso, que se lleva casi la mitad". Muestra su bolso deshilachado. "Si es que voy de prestado. Debo dinero hasta al gato". En la oficina la reciben con un "vuelva usted mañana" y se mete en el coche de su vecino, que la devuelve a casa con lágrimas en los ojos.