Dos informes sobre Seat en siete meses

En la Generalitat da la sensación de que no siempre la mano derecha sabe lo que está haciendo la izquierda. En 2007, el Gobierno catalán encargó dos informes sobre Seat con siete meses de diferencia. El autor fue la misma persona, pero las peticiones llegaron -y se pagaron- desde dos departamentos distintos. El primer encargo fue ordenado en abril por el antiguo Cidem (dependiente del Departamento de Innovación y Empresa) para intentar avanzarse a las posibles repercusiones de la crisis de Seat sobre el amplio tejido de la industria de componentes en Cataluña. Pagó 20.880 euros (IVA incluido)

El segundo, encargado por el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), se ordenó en noviembre con el objetivo de anticiparse a una posible crisis del sector (motivada por Seat, pero también por el cierre de proveedores tan importantes como SAS y GDX), dado su papel preponderante en la comunidad, y minimizar su impacto en el empleo. Con algunas partes muy similares al primero, costó 29.580 euros. En los dos se presentaron tres propuestas, pero ambos fueron elaborados por José Antonio Bueno, un experto de reconocido prestigio y con gran experiencia en el sector del automóvil. De hecho, asesora habitualmente a varias administraciones autonómicas, además de la catalana, así como al Ministerio de Industria. La oferta de Bueno también era la más económica.

El primer documento costó 20.000 euros, y el segundo 29.000

Preguntados los dos departamentos implicados al respecto, recuerdan la conveniencia de que desde varios frentes se profundice en el conocimiento de una multinacional cuyo futuro está permanentemente en el aire, puesto que las decisiones de toman en Alemania. En 2007, Seat, que había perdido 49 millones y que acababa de estrenar presidente (Erich Schmitt), anunció 1.600 despidos, el 10% de la plantilla, ante el ultimátum de Volkswagen (VW), inmerso con Porsche en una guerra por el control del consorcio.

El primer informe recuerda que en los últimos tiempos VW nunca ha sabido qué hacer con Seat, que ésta no es rentable, que la Generalitat podría plantearse una eventual participación en la compañía y recomienda una auditoría fiscal porque las cuentas cada vez son menos transparentes y va a seguir precisando ayudas.

El segundo es mucho más pesimista puesto que las ventas siguen en caída libre y los cambios directivos en Wolfsburgo pueden perjudicar al rumbo de Seat. Analiza, como el anterior, varios escenarios en función de posibles planes de ajuste y recomienda, también como el anterior, una serie de preguntas que la Generalitat debería aclarar en futuras negociaciones con la dirección de Seat.

El debate de los informes volvió a planear ayer en la votación de las resoluciones del debate de política general. El tripartito rechazó las propuestas de resolución de los grupos de la oposición que instaban al Gobierno a asumir "responsabildades" por los informes y estudios externos encargados por el Ejecutivo catalán en 2007, y pedían también crear una comisión de investigación en el Parlament por esta cuestión. La propuesta recibió el apoyo de los diputados del PP y de uno del Grupo Mixto. La oposición llamó, sin éxito, a extender las auditorías a los años 2005, 2006, 2007 y 2008.