El electoralismo de los partidos se impone a la crisis

Si aún quedaba alguien que confiara en un mensaje de firmeza contra la crisis por parte del Parlament, tendrá que seguir esperando. Los partidos catalanes fueron incapaces de consensuar ayer ni una sola medida de calado para paliar la recesión, el aumento del paro y la desconfianza en el futuro de la economía. Ni una resolución fue votada por el conjunto de los diputados y tampoco Convergència i Unió y la mayoría del tripartito estuvieron por la labor de pactar medidas de calado más allá de declaraciones de intenciones. El final del debate de política general certificó que la carrera para las elecciones de 2010 puede más que las invitaciones a colaborar que unos y otros se lanzaron durante el pleno de mayor calado del año.

Los portavoces de los partidos quemaron ayer los últimos cartuchos para presentarse como los únicos capacitados para capear la crisis y acusar al rival de no buscar el consenso. "¿Ninguna de nuestras propuestas contra la crisis merece su apoyo? Reflexionen", inquirió el portavoz adjunto de Convergència i Unió, Josep Maria Pelegrí. "Ustedes sólo buscan la confrontación", respondió el socialista Joan Ferran.

Este diálogo de sordos resume los tres días de debate, marcados por la necesidad de Gobierno y oposición de marcar perfil propio y posicionarse para las elecciones de otoño de 2010. El grupo socialista volvió a presentarse ayer, en línea con el presidente Montilla, como el partido que mejor conecta con la mayoría, sobre todo después de que CiU haya optado por la "deriva radical". "Representamos la centralidad política del país", aseguró Ferran, subrayando que en esta centralidad están también sus socios de Esquerra Republicana e Iniciativa-Esquerra Unida.

Los republicanos enfocaron la batalla saliéndose del paraguas del tripartito y marcando perfil propio ante Convergència i Unió. Los republicanos, que buscan un entendimiento con el Gobierno central para aprobar los presupuestos, atacaron a Convergència i Unió reprochándole que sus invitaciones a formar un frente catalán en el Congreso para evitar la subida de impuestos contrastan con actuaciones como el pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas para "recortar" el Estatuto en 2006. La republicana Anna Simó también continuó con la estrategia de Joan Puigcercós de presentar a su partido como el que mejor defiende desde el Gobierno los intereses de autónomos, pequeños empresarios y comerciantes. Por ello insistió en atribuirse buena parte del mérito de la anunciada rebaja, que no eliminación, del impuesto de sucesiones, cuyas "consecuencias injustas para los patrimonios bajos y medios" lamentó.

Con todo, las dudas siguen planeando sobre la anunciada rebaja del impuesto. La resolución aprobada ayer no fija plazos para la rebaja y mientras el PSC y ERC batallan para que pueda incluirse en los presupuestos de 2010, ICV insiste en que nada debe tocarse hasta aprobar la ley de modificación del impuesto. El trámite podría demorarse más de seis meses, según fuentes parlamentarias. Convergència i Unió y el Partido Popular volvieron a insistir en que lo que debe hacerse es eliminar el impuesto, no reducirlo. A cuenta de este impuesto se produjo, precisamente, una de las principales escaramuzas del último día de debate. Todo comenzó cuando el nacionalista Josep Maria Pelegrí denominó el tributo "impuesto de la muerte". Obtuvo una airada respuesta del portavoz de ICV-EUiA, Jordi Miralles: "Este impuesto nos permite recaudar más de 1.000 millones al año para hacer políticas públicas. No se ponga nervioso. Con este Gobierno el impuesto no se eliminará".

El tono agrio se exportó a las votaciones. El tripartito consiguió aprobar cómodamente todas sus resoluciones. Logró el apoyo de CiU en 15 puntos, casi todos inconcretos, mientras que el PP y un grupo de Ciutadans más dividido que nunca rechazaron en bloque todas las propuestas del tripartito. La mayoría gubernamental rechazó las 167 propuestas de CiU.

Las únicas resoluciones económicas del Gobierno que apoyaron los nacionalistas fueron las que piden más recursos para la Ley de Servicios Sociales, mejorar la formación de los autónomos y reforzar las ayudas a empresas del Instituto Catalán de Finanzas. El tripartito también se comprometió a pedir a las cajas de ahorros en proceso de fusión que minimicen en lo posible los despidos.

Tampoco hubo consenso en las medidas de despliegue del Estatuto. Los nacionalistas no votaron ni una sola de las propuestas del tripartito, que puso sobre la mesa unas 60 medidas para desplegar la carta autonómica. Los nacionalistas intentaron, en vano, que el tripartito votara una resolución que incluía la promesa del presidente de la Generalitat de no dar "ni un paso atrás" pase lo que pase con la sentencia del Tribunal Constitucional.

Respecto a infraestructuras, destaca la resolución aprobada sobre el Cuarto Cinturón para "proyectar y ejecutar con la mayor celeridad posible" el tramo entre Terrassa y Sabadell con un trazado alternativo al propuesto por el Ministerio de Fomento. El tripartito se comprometió también a que, una vez que se consume el traspaso de la gestión de Cercanías, el 1 de enero, se comience a negociar el traspaso de los trenes regionales. El Gobierno catalán estudiará también el traspaso de vías y catenarias, ahora en manos del Adif.