La financiación territorial se resiente

Más del 40% de los 6.500 millones que el Gobierno espera recaudar con la nueva subida de impuestos irá a las comunidades (2.000 millones) y los ayuntamientos (800 millones). Pero ni este último esfuerzo del Ejecutivo para aliviar las maltrechas arcas de las administraciones territoriales impedirá un recorte en la transferencia de recursos a gobiernos autonómicos y locales el próximo año.

La Administración central destinará a enjugar déficit público los 3.700 millones que se ha asignado del aumento de recaudación prevista. "Espero que el resto haga lo mismo", indicó ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la presentación de los Presupuestos. Pero es muy poco probable que unas administraciones ahítas de recursos cumplan con los deseos de la vicepresidenta.

Podría ser peor: Economía aplaza la devolución de lo que pagó de más en 2008

El Gobierno cumple con los Estatutos en el reparto de inversiones

Comparar los presupuestos de un año a otro suele ser una tarea difícil, saboteada por todo tipo de excepciones. Pero lo que ocurre en esta ocasión con las transferencias a las administraciones territoriales se lleva la palma. En julio, el Gobierno y las comunidades pactaron un nuevo modelo de financiación que cambia el sistema de forma radical: se cede a los gobiernos autonómicos más de la mitad de los principales impuestos (IRPF, IVA, especiales), cuando antes recaudaban un tercio. Pero como la ley no se ha aprobado aún -se hará a finales de año-, no puede reflejarse en el proyecto de presupuestos.

Parte del cálculo de las transferencias a las comunidades se vuelve a hacer a la antigua usanza. El fondo de suficiencia, con el que el Gobierno completa la cesión de impuestos, mantiene un peso excesivo, aunque baje de los 32.603 millones presupuestados en 2009 a 29.965 millones para 2010 como resultado del descenso en la recaudación fiscal.

El fondo de suficiencia se da como anticipo (un 98% de lo estimado) y se liquida dos años después. Pero aquí sí opera el nuevo sistema. En 2009, la liquidación de 2007 dio un resultado positivo para las comunidades de 2.868 millones (aquel año se recaudó más de lo previsto). Para 2010, apenas presupuesta 548 millones, pero, en realidad, el Gobierno central debería haber recuperado de las comunidades 5.500 millones, ya que calcula que les pagó de más 6.000 millones en 2008. En el acuerdo de julio, el Ejecutivo central accedió a posponer esa reclamación hasta 2011, un alivio para las comunidades.

Pero pese a esta excepción y a la inclusión de 9.750 de los 11.000 millones adicionales previstos en el nuevo sistema (1.750 millones más que en 2009), los recursos transferidos a las comunidades caen un 8%.

La participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado baja un 8,4%, resultado del desplome de la recaudación fiscal que no se reflejó en las cuentas de 2009. Y, pese a que la reforma de la financiación de ayuntamientos y diputaciones está pendiente, el Presupuesto tampoco se salva aquí de las distorsiones.

La liquidación de 2008 para las corporaciones locales, que se computa en 2010, cae de forma brutal respecto al año anterior (de 1.595 a 29 millones). Pero, en realidad, los ayuntamientos debían incluso devolver dinero, aunque el Gobierno vuelve a optar por aplazar esa reclamación.

Más llamativo aún es el caso del fondo extraordinario de inversión en los ayuntamientos, una de las medidas básicas del plan de ayudas públicas contra la crisis. La dotación para el fondo cae de 7.700 millones que se gastaron este año a los 5.000 millones presupuestados en 2010. Pero, como la cantidad de 2009 se incluyó en el Presupuesto de 2008, las transferencias a las entidades locales reflejan un incremento ficticio del 500%.

Como no podía ser de otra manera, el reparto de las inversiones entre las comunidades también refleja un descenso casi generalizado. Andalucía, la comunidad más poblada, es también la que más dinero recibe de las partidas regionalizadas (ver gráfico). Una posición contestada por Cataluña, a la que el Gobierno reserva casi 670 millones de los fondos no regionalizados para garantizar el cumplimiento del Estatuto catalán. Lo dispuesto en otras normas autonómicas también le lleva a destinar casi 300 millones a Baleares y al menos otros 150 millones a Castilla y León de esa partida de inversiones no regionalizadas.