La izquierda exige el texto pactado con el PSOE sin cambios

El Gobierno tiene en este momento más fácil aprobar el proyecto de ley del aborto tal y como se pactó en la subcomisión del Congreso que sacarla adelante con las modificaciones sugeridas por el Consejo de Estado. Sus posibles socios se aferran al contenido del anteproyecto para rechazar cambios sustanciales.

De hecho, los grupos minoritarios de la izquierda, IU, ICV, ERC, Nafarroa Bai y BNG, se encargaron ayer de recordarle al Gobierno que hay un acuerdo sobre la base del informe de la subcomisión del Congreso. En ese informe se incluía que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento de los padres.

"Es un pacto de hierro", dijo el diputado de ERC, Joan Tardà, para dejar claro que no aceptarán recortes o modificaciones en el trámite parlamentario. "Está bien como está" y "queremos que aumente las ambiciones, no que las restrinja", afirmó el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Este último aseguró que, incluso, presentará enmiendas para que el texto sea más avanzado en tres aspectos: más garantías para las mujeres, que se establezca como prestación gratuita de la sanidad pública y que se incluya dentro de otras medidas de salud sexual y reproductiva, como la generalización del acceso a la píldora poscoital.

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Llamazares lamentó que la ley termine por ser la de "los 16 años" y se mostró dispuesto a negociar sobre este punto. Sin embargo, aseguró que encuentra muchas dificultades a establecer un procedimiento para recabar el conocimiento de los padres o de un mayor de edad.

"El proyecto no prohíbe ni dificulta el diálogo paterno-filial y no obstaculiza que se tome una decisión compartida, pero quien tiene que tomar la decisión definitiva es la afectada, tenga 16, 17 o 20 años", aseguró.

De los partidos de la izquierda que acordaron el informe de la subcomisión, el más partidario de negociar posibles modificaciones sobre el aborto de las menores es el BNG. En ningún caso para llegar a establecer el consentimiento paterno, pero sí para buscar fórmulas que garanticen que se comunica a un adulto.

En todo caso, el PSOE tiene asegurada la aprobación de la ley con los ocho escaños de los grupos minoritarios de la izquierda. La única posibilidad de sumar algún grupo más sería la de llegar a un acuerdo con el PNV, porque CiU volverá a dar libertad de voto y no es probable que se sumen sus diputados.

El PNV ya ha dejado claro que su posición es la de apoyar una reforma de la ley, para establecer una ley de plazos, pero discrepa del texto del dictamen de la subcomisión y del anteproyecto de ley.

Su posición es la que está contenida en el proyecto de dictamen que hizo en el Consejo General del Poder Judicial la vocal Margarita Uría y que no fue aprobado finalmente. Fuentes nacionalistas aseguran que sus enmiendas y su posición en la negociación parlamentaria se basarán en los cambios propuestos por la ex diputada del PNV.

Uría proponía varias modificaciones, como buscar un sistema para que haya conocimiento de los padres en los abortos de mujeres de entre 16 y 18 años; establecer una proporcionalidad en la pena por incumplimiento de la ley y precisar y ampliar la objeción de conciencia y los supuestos para abortar, entre otros.

En principio, esas posiciones del PNV chocan con las de los grupos minoritarios de la izquierda que rechazan esos cambios. No es probable que Coalición Canaria se incorpore al acuerdo y termine apoyando la ley. Hay muchas posibilidades de que el proyecto de ley sea vetado en el Senado, tras ser tramitado en el Congreso de los Diputados.