Prueba de fuego

La venta de Opel, filial europea de General Motors (GM), al grupo austriaco-canadiense de componentes Magna, demostrará hasta qué punto las autoridades de competencia europeas pueden imponer los principios de transparencia y neutralidad de las ayudas públicas frente al poder de las autoridades alemanas. La canciller Angela Merkel tenía el máximo interés en que GM vendiera Opel al grupo empresarial que dejara en mejores condiciones a las plantas alemanas. Según los planes iniciales de reestructuración de Magna, Opel deberá reducir unos 10.000 empleos, de los que sólo unos 3.000 se recortarían en territorio alemán, donde Opel da empleo a 20.000 trabajadores. Los damnificados con el plan de Magna serían Bélgica, donde se cerrará la planta de Opel; España, cuya planta de Figueruelas perdería 1.700 puestos de trabajo, sobre un total de 7.500; y Reino Unido, tres países donde ha avanzado la idea de que Merkel ha presionado a GM para que apostara por esta opción.

La cuestión que debe aclararse es si el Gobierno alemán ha condicionado el mantenimiento del préstamo puente de 1.500 millones de euros a Opel y nuevas ayudas públicas -GM necesita 4.500 millones de financiación pública-, a cambio de minimizar la pérdida de empleo en Alemania. La verosimilitud de las sospechas se basa en la participación activa en las negociaciones de la canciller Merkel y de su ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier; y en que, dado que las elecciones son a finales de septiembre, la CDU tenía que evitar que el cierre de una planta de Opel en Alemania oscureciese sus posibilidades de triunfo. Con la venta a Magna, el peligro queda conjurado.

La Comisión Europea anunció ayer que vigilará la venta de Opel para que las ayudas públicas de los países no puedan condicionarse al mantenimiento de la producción en sus territorios. Hay que alabar su actitud, y ser comprensivos con la elevada probabilidad de que tal vigilancia acabe en fracaso. En primer lugar, porque resulta relativamente fácil ocultar las obligaciones y condiciones que impone un país para conceder ayudas; y después porque el peso de Alemania en la economía europea y en sus instituciones es muy superior al que puedan tener países como España y Bélgica, juntos o por separado. Merkel ha conseguido imponer a GM que el comprador sea Magna y ahora lo más práctico para el Gobierno español es negociar con el nuevo propietario que se minimicen las pérdidas de empleo en Figueruelas.

El peso coactivo de las ayudas públicas, moneda corriente de presión de casi todos los Gobiernos para evitar deslocalizaciones, no es el único aspecto llamativo de la operación. Con Magna entra en Opel el banco ruso Sberbank, presidido por el ex ministro ruso de Economía, German Gref. Así pues, ni GM ni Merkel tienen empacho alguno en contar con la financiación inyectada en Opel directamente por un banco controlado por Vladímir Putin. La ansiedad electoral y la asfixia financiera borran cualquier escrúpulo estratégico.