La banca sigue sin prestar para pisos sociales pese a los avales públicos

La Generalitat ha intentado por todas las vías que las entidades financieras abran el grifo del crédito para los compradores de viviendas de protección oficial (VPO). Un año después de firmar con 19 cajas y bancos un convenio para financiar pisos sociales, las quejas que recibe el Gobierno catalán de los adjudicatarios son las mismas: la banca no da crédito. Y no sólo a los usuarios. Tampoco lo concede a las administraciones para que construyan pisos protegidos en alquiler.

Para que la banca no deba asumir ningún riesgo, las consejerías de Medio Ambiente y Vivienda y Economía llevan seis meses firmando una adenda al convenio. En ella, la Generalitat se compromete a recomprar los pisos sociales cuyos propietarios no puedan hacer frente a los pagos de la hipoteca. Pero ni por esas.

"Lo que nos sigue llegando es que las entidades siguen sin prestar dinero a un segmento de población que antes no tenía ningún problema. Y los impagos en el sector de la vivienda protegida son prácticamente nulos", aseguró ayer la secretaria de Vivienda, Carme Trilla. Es más, algunos adjudicatarios se han quejado de que en las oficinas bancarias dicen desconocer que la Generalitat dé estos avales. "Vamos a lanzar una campaña de información para que todo el mundo sepa que sí, que esta posibilidad existe", agregó Trilla.

Sin dinero para pisos

No sólo los consumidores sufren para obtener recursos financieros, sino también los promotores de vivienda pública. Ello explica que haya edificios de pisos sociales que lleven tiempo sin poderse adjudicar. "Los promotores públicos como el Incasol pueden sufrir los mismos problemas que los privados", afirmó el consejero Francesc Baltasar. Trilla agregó que los bancos, además, se resisten a financiar inmuebles que se alquilarán y que requieren un mayor endeudamiento.

Vivienda también procurará que nadie sea desalojado de su casa si ésta debe ser embargada. Para ello, avalará las operaciones de dación en pago, en las que la entidad se queda el piso y lo alquila a quien lo ocupaba.

A pesar del cierre del grifo, la Generalitat ha iniciado 3.187 viviendas protegidas en el primer semestre de este año. La cifra representa el 75% de todos los pisos cuyas obras arrancaron hasta junio, cuando hace dos años apenas superaba el 10%.