El cierre de Garoña llegará ante la Audiencia Nacional

Endesa e Iberdrola van directamente al tribunal y eluden recurrir a Industria

El Consejo de Administración de Nuclenor -la empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña- acordó ayer recurrir ante la Audiencia Nacional la orden de cierre en 2013. Nuclenor, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, recurrirá a los tribunales y elude presentar un recurso ante el propio Gobierno.

La decisión la tomó el Consejo de Administración por unanimidad. Las eléctricas han hecho bandera de Garoña, ya que sus propietarios son las mayores compañías del sector. Consideran que si logran mantener Garoña funcionando más allá de los 40 años habrán abierto la puerta al resto de nucleares. En este primer recurso, las eléctricas piden que se revoque "por ser contraria a derecho" la orden ministerial de cierre en 2013 y que la planta funcione hasta 2019, como avaló el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Medio Ambiente quiso someter a la central a una evaluación ambiental

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El recurso aún no entrará a pedir compensaciones por el lucro cesante de las compañías. Citigroup calculó que el cierre de Garoña tendrá un impacto negativo de 43 millones de euros al año en las cuentas de Endesa e Iberdrola, con lo que la cifra durante seis años podría superar los 500 millones de euros.

El recurso, según fuentes del sector, tratará de desmontar los argumentos de cierre que da la orden de Industria, como que la planta supone un tapón para las renovables o que su cierre no aumentará la emisión de dióxido de carbono. Pero, sobre todo, se centrará en el informe del CSN que avala su seguridad. Al cumplir los requisitos, las eléctricas ven el cierre casi como una expropiación.

La abogacía del Estado respiró aliviada al comprobar que en la documentación que la compañía presentó al "obtener autorización de construcción", en los sesenta, figuraba que "los principales componentes y estructuras fueron diseñados bajo la hipótesis de vida de la misma de 40 años". Es decir, que los 40 años -aunque no aparezca en ninguna ley- sí supone un tiempo a partir del cual el Gobierno puede influir.

El Ejecutivo quiere fijar por ley "la vida útil" de una central, para evitar casos como éste, aunque los expertos consultados dudan de que se pueda aplicar retroactivamente a Garoña. Lo que sí puede conseguir el Gobierno es implicar al Parlamento, que avale el cierre, para tener más fuerza ante la Audiencia y para que al PP le resulte más difícil revertir la decisión en caso de que gane en 2012.

En el único precedente, el de la nuclear de Zorita, la propietaria, Unión Fenosa, fue a los tribunales aunque retiró el recurso tras pactar compensaciones con el Ejecutivo del PP, según fuentes próximas a esa negociación.

La orden de cierre es mucho más dura que la de Zorita y avisa a la nuclear de que no entorpezca el cierre. Y pudo ser peor si Medio Ambiente hubiera conseguido su propósito inicial de someter la prórroga a una evaluación de impacto ambiental. Industria se opuso, entre otras cosas porque actualmente tarda más de dos años. Finalmente, el Ejecutivo consideró que la legislación no era clara y optó por dejar la evaluación ambiental para futuras prórrogas, cuando cambie la ley de regulación de las nucleares.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 08 de julio de 2009.

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