Con la música a otra parte

Los ayuntamientos andan tan mal de cuartos que prácticamente han cerrado el grifo y ya casi no gastan en contratar grupos musicales para darles brillo a sus fiestas veraniegas. El dato más rotundo que ofrece ARTE, una asociación que agrupa a unos 400 representantes y técnicos del sector, es que los presupuestos de los ayuntamientos se han reducido un 60% en relación con el año anterior en el apartado destinado a sufragar conciertos. Los músicos pueden, pues, barajar varias opciones: a) quedarse en casa a dieta; b) bajar sus cachés, o c) dedicarse a otro oficio, y que no sea (por favor) el de promotor de conciertos. Y es que sólo a éstos les puede ir peor que a los propios músicos.

Amaral o El Canto del Loco, por ejemplo, ya han bajado sus tarifas. Forman parte de ese selecto club de grandes grupos que en los últimos veranos tenían entre 40 y 60 conciertos y que este año no pasan de 15. Si los músicos lo tienen cada vez más complicado para vender sus discos, ya que todo el mundo se los piratea por Internet, ahora tampoco van a tenerlo fácil para subirse a un escenario. El mal, que es el mismo en ambos casos (que el público se acostumbre a no pagar por disfrutar de la música), tiene en el caso de los bolos veraniegos una larga historia detrás.

Se cuenta que todo comenzó cuando Tierno Galván, siendo alcalde de Madrid hace ya más de un cuarto de siglo, destinó una parte de las arcas públicas a contratar a grupos y cantantes para que hicieran felices a los habitantes de la villa y corte, que no tenían así que gastarse un duro para mover el esqueleto o tararear su cantinela preferida. La idea pudo ser buena. Lo malo es que se convirtió en la única idea buena, y los ayuntamientos se lanzaron al frenesí de hacer felices a sus ciudadanos (y votantes) con la varita mágica de la música en directo.

Resultado: se hundieron las iniciativas privadas (¿qué promotor y qué local van a conseguir cobrar por lo que el Ayuntamiento da gratis?), y la fórmula se convirtió en una perversión más del sistema: o los ayuntamientos apoquinan, o váyanse con la música a otra parte. Ahora que se ha llegado a ese punto, se ve que en este país no hay una mínima infraestructura que sostenga sin dineros públicos una oferta musical decente. Un desastre.