El arqueólogo Eliseo Gil declara hoy ante el juez por el 'caso Veleia'

El ex director de la excavación del yacimiento romano de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, declarará este mediodía ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria por las dos querellas criminales interpuestas contra él por la Diputación de Álava y la empresa pública Euskotren. Ambas están relacionadas con la certificación por parte de un equipo de expertos de que son "falsas" las inscripciones en euskera y dibujos de temática cristiana calificadas en su momento "excepcionales" por Gil.

El arqueólogo vitoriano presentó en junio de 2006 estas epigrafías como una revelación sensacional de la importancia de la ciudad de Veleia, cuyas ruinas se encuentran en la localidad alavesa de Trespuentes. En 2001 había conseguido una importante ayuda de 600.000 euros anuales de Euskotren para que su empresa, Lurmen, S. L., llevara las excavaciones. Pero la confirmación de la falsedad de las piezas dio al traste con todos los planes de Eliseo Gil. La institución foral presentó en marzo una querella criminal en las que acusa al arqueólogo y al trabajador de Lurmen Óscar Escribano de un presunto delito de ataque al patrimonio cultural. Además, indica que Gil y el coordinador de las analíticas, Rubén Cerdán, habían cometido una supuesta estafa.

La Diputación y Euskotren se querellaron por el presunto fraude

A esta primera querella sucedió, a primeros de abril, la de Euskotren. La empresa patrocinadora ha llevado a los tribunales a Gil y a la también arqueóloga Idoia Filloy, co-administradores de la empresa Lurmen, por un supuesto delito de estafa. Junto a la acusación, la empresa pública reclama el embargo de los bienes de Gil y Filloy.

En concreto, la sociedad pública les reclamó 708.127 euros por dos conceptos: 696.127 euros de las ayudas que les libró desde mayo de 2005 -fecha de la aparición del primer grafito falso- hasta julio de 2008, último mes en el que recibieron la subvención. Los 12.000 euros restantes se corresponden con la factura pagada al hotel por el acto en que en junio de 2006 se dieron a conocer los supuestos hallazgos revolucionarios.

Los dos arqueólogos respondieron con una denuncia contra la diputada foral de Cultura, Lorena López de Lacalle; el director de su departamento, Agustín Otsoa; el jefe del servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, Félix López, y dos profesores de la UPV, Juan Antonio Quirós Castillo y Julio Núñez.