Aído defiende la constitucionalidad del aborto "como en toda Europa"

Una vez que parece claro que el Gobierno cuenta con suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante su reforma de la legislación sobre el aborto, la batalla política se ha trasladado a otros campos: del Congreso de los Diputados a organismos aparentemente técnicos y jurídicos pero tan cargados de ideología como el propio Parlamento. El Consejo Fiscal ha emitido un informe aprobado por la mayoría de sus miembros -seis, el sector conservador en bloque- sosteniendo la inconstitucionalidad del anteproyecto de ley. Otros cinco miembros, progresistas, hicieron un informe alternativo a favor del texto, aunque con observaciones críticas. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo ayer que el Gobierno "estudiará con detenimiento ambos informes" para ver si se pueden introducir mejoras en el anteproyecto, pero defiende la constitucionalidad de la norma. "Ha sido un texto muy trabajado para cuya elaboración hemos consultado con numerosos juristas y expertos en Derecho Constitucional", señala. "Desde el principio hemos tenido muy en cuenta esta cuestión. Por otro lado, casi toda Europa tiene leyes de plazos y en ningún país se ha declarado inconstitucional". En casi todos estos Estados, las normas ni siquiera han sido recurridas por ningún partido.

El dividido Poder Judicial votará en pleno su informe el próximo 23 de julio

El texto del ponente, conservador, duda que la norma encaje en la Constitución

La Secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, quitó hierro ayer a las conclusiones del Consejo Fiscal diciendo que "el poder de legislar en nuestro Estado de derecho reside exclusivamente en el Parlamento", quien tendrá "la última palabra". "Este informe reproduce, nuevamente, las dos tendencias ideológicas que se han venido debatiendo a lo largo del proceso anterior a la presentación del anteproyecto", declaró, "y que seguirán manifestándose en el futuro del largo trámite que resta hasta la aprobación definitiva de la ley".

El próximo paso es el informe del Consejo General del Poder Judicial, que el próximo 23 de julio debe tomar en pleno una decisión sobre la constitucionalidad de la reforma. Sus vocales están absolutamente divididos. Ni este informe ni el del Consejo Fiscal son vinculantes para el Gobierno, pero las críticas van desgastando el anteproyecto de ley en el debate público y asentando un caldo de cultivo para cuando la norma llegue finalmente al Tribunal Constitucional, lo que sucederá casi con toda seguridad, como lleva meses anunciando las PP.

El Poder Judicial pidió hace un mes una prórroga para pronunciarse. Hoy, previsiblemente, aprobará otra. El ponente que ha escrito el borrador del informe, el conservador Claro José Fernández-Carnicero, se ha inclinado por defender la inconstitucionalidad del anteproyecto, según aseguran fuentes del CGPJ, pero su texto es sólo un primer paso. La comisión de Estudios e Informes -formada por el propio Fernández-Carnicero y Concepción Espejel (elegidos a propuesta del PP), Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez (propuestos por el PSOE) y Margarita Uría (vocal propuesta por el PNV)- es la encargada de estudiar el borrador del ponente y elaborar un informe que será el que se votará en el pleno del próximo día 23.

La composición del CGPJ pone las cosas difíciles al Gobierno. El politizado órgano tiene nueve vocales propuestos por el PSOE, nueve por el PP, uno por el PNV y otro por CiU. Si estos dos últimos dividieran sus votos, el desempate lo tendría el presidente, Carlos Dívar, nombrado por el PSOE pero conservador y muy religioso.

Pase lo que pase con este informe, una vez aprobada la ley en el Parlamento -las mayorías pueden modificarse en el trámite parlamentario, pero por el momento parece que el PSOE cuenta con los votos suficientes para sacarla adelante (con IU-ICV, el BNG, Esquerra Republicana y Nafarroa Bai, más los que pueda sumar de CiU y el PNV, que han dado libertad de voto s a sus parlamentarios)- el PP presentará su recurso de inconstitucionalidad. Volverá a repetirse el mismo esquema de división que en el CGPJ. Órganos, ambos, con representantes directa o indirectamente elegidos por los partidos políticos. En estos momentos, tras el fallecimiento en mayo de 2008 del magistrado conservador Roberto García-Calvo, los progresistas tienen mayoría. Pero sólo temporalmente. La ley del aborto aún tardará en llegarles y pueden pasar años antes de que los magistrados resuelvan.