El empresario ratifica el supuesto soborno en el 'caso Mercasevilla'

Pedro Sánchez Cuerda, el empresario del Grupo La Raza que denunció una presunta petición de comisiones ilegales por parte de ex directivos de la empresa municipal Mercasevilla, reveló ayer a la juez que mantuvo con los supuestos chantajistas hasta tres reuniones, y en la última de ellas le expusieron los "baremos" y regatearon el pago. El empresario confirmó ayer la petición de un supuesto soborno de 450.000 euros para ser el adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

A lo largo de cuatro horas, Sánchez Cuerda confirmó las peticiones del ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, que le indicó cómo el Grupo La Raza "tenía que pagar una comisión o impuesto de 300.000 euros a la Junta de Andalucía. Los que dan, piden", aseguró en referencia a los responsables de otorgar la subvención. Además, La Raza debía costear los 150.000 euros que costaría la nueva instalación eléctrica de la futura escuela, según el empresario.

La sorpresa saltó ayer al confirmar Sánchez Cuerda la existencia de esa tercera reunión el pasado 12 de febrero, tras los encuentros celebrados el 16 y 26 del pasado enero. Hasta ahora, el empresario había estimado que la grabación que hizo de esta reunión "carecía de importancia", dijo a la juez, que le ha dado tres días para que la entregue.

El empresario relató en su declaración que a la segunda reunión acudió el ex gerente de Mercasevilla imputado, Fernando Mellet: "Viendo la indignación del declarante, le fue ofreciendo opciones como que la partida de la instalación eléctrica podía ser justificada mediante una factura que emitiría la Fundación Mercasevilla. Finalmente, se produce una especie de regateo, llegando a ofrecerle el fraccionamiento de las cantidades e incluso a hablar de 200.000 euros y ya no hablamos más". Días después Mellet llamó nervioso al empresario para decirle que "ya no tenían que pagar nada".

Mientras, la imputación en el caso del delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, hizo que el consejero Antonio Fernández le defendiera: "No hay ningún elemento indiciario que le relacione con alguna actividad ilícita". Por su parte, el PP planteó que "no hay motivos" para que Rivas permanezca en el cargo, una vez que la juez ha dictado su imputación.