Zabaleta plantea un pacto social para cumplir la ley Antitabaco

La actual Ley Antitabaco entró en vigor en enero de 2006 en el conjunto de España. El problema llegó cuando cada comunidad se encargó de su regulación. En el caso de Euskadi, los desencuentros surgidos entre el Gobierno vasco, los ayuntamientos y la hostelería han llevado al bloqueo de la norma y a que cada local haga lo que le parece oportuno. Nadie se pone de acuerdo sobre quién debe sancionar las infracciones, de modo que éstas se acumulan sin ser resueltas, mientras que los hosteleros creen que todas las propuestas presentadas no se ajustan a la realidad. En medio de este desbarajuste, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Gemma Zabaleta, propuso ayer en el Parlamento un gran pacto social para hacer cumplir la norma en la hostelería y otros espacios, tres años y medio después de su aprobación.

Empleo revisará "cuidadosamente" todos los expedientes de regulación

Zabaleta defiende el suministro de heroína bajo control a drogadictos

En su comparecencia ante la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad para presentar su programa de gobierno para la legislatura, Zabaleta mostró su preocupación por los problemas que se están suscitando para poder aplicar la ley Antitabaco en Euskadi. La situación "raya el paroxismo", dijo. Su incumplimiento, advirtió, "puede suponer un problema para la salud", por lo que propuso "abrir un gran debate social" para estudiar las modificaciones que sean necesarias para conseguir una "Euskadi libre de humos".

Aunque no lo dijo expresamente, las palabras de Zabaleta anuncian que se va a mostrar tan complaciente como su antecesor en el cargo, Javier Madrazo, quien no sancionó ninguna de las vulneraciones de la ley. Hasta el pasado mes de enero, los ayuntamientos tramitaron 250 denuncias por incumplimiento de la norma, pero ninguna ha terminado en una sanción por ahora.

Es una situación con que pretende acabar el departamento y se podría traducir en una normativa más rigurosa para el consumo del tabaco en cualquier espacio cerrado, siempre y cuando el debate lanzado por Zabaleta no llegue a buen puerto. En la recta final de su mandato, la consejería de Javier Madrazo se enfrascó en un borrador de proyecto de ley en el que se prohibía permanecer a los menores de edad dentro de los locales en los que esté permitido fumar. La prohibición se extendía a terrazas y veladores que no estuvieran abiertos por todos sus lados. Pero ese borrador se quedó en el cajón.

"Hay que ser audaces y tomar decisiones. La ley no se aplica y el consumo del tabaco es un problema para la salud", recalcó a modo de aviso Zabaleta. "El debate social", añadió, "debe aportar claridad y una defensa rotunda de la salud pública".

Y en esa línea de audacia, la consejera repescó algunos de los proyectos en política de drogodependencias que defendió cuando ejercía en la oposición: el suministro compasivo de la heroína y el uso terapéutico del cannabis. El Parlamento vasco ya se pronunció en 2003 a favor de dispensar heroína con fines terapéuticos como tratamiento médico para aquellos toxicómanos que han fracasado en todos los intentos de deshabituación. Y de no ser posible esta fórmula, la Cámara abogaba por la aplicación de la heroína para un uso compasivo, que se suministra como mal menor a personas enfermas de cáncer. Esta opción ya está regulada por el Ministerio de Sanidad.

Zabaleta destacó que su departamento y el de Sanidad han abierto la colaboración para avanzar en estas políticas, conocidas como de reducción de daños. "Son medidas con un componente humanitario; medidas paliativas que sirven para ayudar cuando no hay evidencias de ninguna otra alternativa".

Zabaleta dedicó otra parte de su intervención a desgranar la política que seguirá en materia de empleo. Reiteró que su departamento revisará "cuidadosamente" todos los expedientes de regulación de empleo (ERE) y, sobre todo, aquellos que lleguen hasta su mesa sin acuerdo entre la empresa y los sindicatos. En el caso de los ERE que conlleven la extinción de puestos de trabajo, analizará de forma detallada las condiciones económicas y productivas de las empresas. Todo ello con el objetivo de "garantizar" al máximo los puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas y el empleo. La consejera también mostró su confianza en conseguir durante esta legislatura la transferencia de la Inspección de Trabajo.

Uno de los ejes de la legislatura será la asunción de las competencias en materia de políticas activas de empleo. Algo que el lehendakari Patxi López y el vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se comprometieron a hacer realidad antes de fin de año. Para Zabaleta este traspaso es básico, así como potenciar la formación de los trabajadores.

De los 28.000 que se encuentran bajo un expediente de regulación de empleo en lo que se lleva de año, tan sólo 300 siguen los cursos de formación dispuestos por el Gobierno. "Quizá la anterior Administración no acertó con el sistema de convocatoria de los cursos. Hay que diseñar una formación más a la carta, porque se trata de un aspecto fundamental para lograr empleo y para que mejore la competitividad de las empresas", concluyó.