El precio del desdén

El aviso que los catalanes dieron a Zapatero en las elecciones europeas ha provocado que la semana de inauguración de la T-1 del aeropuerto de Barcelona sea también, aparentemente, la semana decisiva para el acuerdo sobre financiación autonómica. A Zapatero le ha entrado el vértigo electoral y ahora todo son prisas.

La T-1 será una de las grandes infraestructuras de Cataluña. Pero, de momento, el aeropuerto seguirá siendo gestionado desde Madrid. No hay manera de concretar un modelo que garantice una participación decisiva de Cataluña en el desarrollo del aeropuerto. Se confirma, una vez más, que el Gobierno español está siempre más dispuesto a descentralizar el gasto que los ingresos y que el poder de decidir. Es el eterno desajuste del estado de las autonomías.

No hay manera de concretar un modelo que garantice que Cataluña sea decisiva en el desarrollo del aeropuerto

Gobernar es tomar decisiones. Cuando se dejan pasar los meses sin resolver los problemas, el retraso vicia la percepción de la solución, que en política es más importante que la solución misma. Zapatero se pierde entreteniendo los problemas. A veces, bloqueando los procesos por miedo a los efectos del acuerdo final, como ha hecho con la financiación autonómica. Otras veces dejándolo en manos de los actores sociales, para no tener que tomar él las decisiones controvertidas. Está bien que desde el Gobierno se estimule la deliberación y el diálogo. Pero con dos condiciones: que el diálogo sea real, es decir, que no sea una estrategia de demora. Y que el Gobierno no eluda la responsabilidad de proponer y de decidir que corresponde a su función.

En financiación autonómica, desde diciembre pasado hasta hace menos de una semana el Gobierno no había movido su posición ni un milímetro. Los plazos han ido decayendo, uno tras otro, hasta ahora que el Gobierno siente la presión de los votos perdidos. ¿Se puede aspirar a que en la opinión pública se configure una valoración objetiva de los resultados? Es extremadamente difícil, porque tanta dilación hace que el resultado esté ya amortizado. Que en Cataluña se dé por supuesto que quedará lejos de las aspiraciones catalanas, porque cuando se ponen tantas trabas todo se convierte en sospechoso.

Algo parecido ocurre con la sentencia del Constitucional. Ya es de por sí discutible -e indudablemente mal intencionado (y aquí la responsabilidad es del PP)- presentar un recurso contra una ley orgánica sometida a doble control parlamentario y aprobada en referéndum. Si además la decisión está en manos de un tribunal prescrito que ha hecho del ejercicio de autodesprestigiarse un oficio, la desconfianza es absoluta. Se da por seguro que la sentencia será interpretativa. Lo cual todavía complica más las cosas, porque habrá margen para leer una cosa y la contraria en cada párrafo de la sentencia.

Conclusión: mientras se festejan las nuevas infraestructuras, a un año de las elecciones autonómicas, la política catalana está en función de cómo valide la opinión pública dos hechos relevantes: un acuerdo de financiación y la sentencia del Estatuto. La validación dependerá de la capacidad de los partidos del Gobierno y de la oposición de imponer su interpretación. El tripartito, por supuesto, puede rechazar el acuerdo de financiación. Y provocar como consecuencia una crisis de ámbito español. O alcanzar un acuerdo y ser capaz de explicarlo. O descomponerse por el camino en interpretaciones opuestas: lo cual abriría la crisis catalana. Ante la falta de relatos en que inscribir las valoraciones de cada cual, todo dependerá de la credibilidad de los partidos e incluso de determinadas personas. Zapatero se ha puesto él mismo bajo sospecha. En el PSC unos tienen más credibilidad que otros, pero los socialistas cargan con el peso de la prueba de sus juicios, por sus excesivos equilibrismos en la relación con el PSOE. ICV y Esquerra Republicana mirarán el escenario de reojo e intentarán apuntarse hacia donde intuyan que se inclinará la balanza. Y CiU, que en otro tiempo aceptaba siempre el mal menor, dirá que no, pase lo que pase, porque la inacabable comedia de la financiación ha sentado las bases para que el rechazo sea creíble. Las dilaciones pesan: un acuerdo que hace un año habría sido aceptado, aunque fuera a regañadientes, hoy puede ser rechazado masivamente. Es el precio del desdén con que Zapatero ha actuado. La política es credibilidad. El que consiga ser creído tendrá mucha ventaja para ganar las elecciones del año próximo.