Sedación por derecho

La Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas, ha dado un paso adelante que el Gobierno central no se ha atrevido a recorrer. Su proyecto de ley para una muerte digna no regula la eutanasia, como en su día exigió el PSOE a nivel estatal cuando estaba en la oposición, pero sí intenta garantizar un trance final decoroso a las personas en situación terminal, lo que es un avance.

La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 ya contemplaba el derecho de los ciudadanos a expresar, mediante un testamento vital, cómo quieren ser tratados en los momentos previos a su muerte. Pero esa ley nunca se ha desarrollado. La denuncia promovida por la Comunidad de Madrid contra varios médicos del Hospital Severo Ochoa, de Leganés, puso de relieve hasta dónde puede llegar la inseguridad jurídica de los médicos en esas circunstancias. El caso, que terminó con la absolución de los médicos, ha sido fuente de inspiración de la nueva norma.

Millones de ciudadanos conocen por propia experiencia las dificultades con las que se tropiezan habitualmente para lograr un tratamiento contra el dolor, una sedación integral o evitar una prolongación de la vida inútil y cruel que a veces se impone, en contra de la voluntad del paciente y de sus próximos, en nombre de las creencias religiosas. El proyecto andaluz impone cautelas lógicas. Poner fin a un encarnizamiento terapéutico deberá contar con la opinión coincidente de otros dos médicos. Parece razonable, dado que no es sencillo determinar el momento en el que un tratamiento curativo pasa a convertirse en una obstinación sin posibilidad de éxito. Asturias y Cataluña ya se han interesado por la iniciativa andaluza.

Es de justicia que los españoles del siglo XXI puedan evitar una dolorosa agonía, si así lo reclaman. Y que puedan negarse a que los médicos apliquen en sus desfallecidos cuerpos encarnizamientos terapéuticos inútiles. También es de justicia que los médicos no puedan imponer sus creencias morales para sortear la voluntad de sus pacientes. Al partido gobernante, que ganó las elecciones en 2004 con un programa electoral que prometía regular la muerte digna, hay que exigirle coherencia. Cinco años después sigue sin cumplir su promesa bajo la excusa de que sobre este asunto no hay "demanda social", un concepto de difícil medición, especialmente si uno no está atento a ella.