Zapatero y Montilla asumen que la financiación debe cerrarse antes de un mes
La posibilidad de superar el año de retraso en el pacto inquieta al tripartito
Aparcados los reproches por la pérdida de apoyos de los socialistas catalanes en las elecciones europeas, el Gobierno central y el catalán han reanudado el trabajo para lograr un pacto sobre financiación autonómica. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiere asumir más desgaste político por esta cuestión y ha dado una indicación directa a la ministra de Economía, Elena Salgado, para cerrar antes del 15 de julio un pacto con la Generalitat. La Moncloa rechaza hablar de esta fecha como un ultimátum, pero tanto el Gobierno central como el catalán se han emplazado a que se cumpla, ahora sí, la fecha establecida.
En la reunión de la ejecutiva del PSOE celebrada el pasado lunes, antes de que el PSC comenzara a relacionar la elevada abstención de Cataluña con la falta de acuerdo sobre financiación, Zapatero ya dio órdenes precisas a Salgado y al vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Estas órdenes -mover lo que haga falta para llegar a acuerdos- fueron interpretadas en algunos ámbitos del Gobierno como un ultimátum. Sin embargo, fuentes de La Moncloca precisaron ayer que, sin que sea una amenaza, la financiación es un asunto que escuece y que debe cerrarse ya. El Gobierno catalán, acostumbrado ya a todo tipo de movimientos tácticos en este asunto, declinó ayer interpretar los movimientos de La Moncloa. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, se limitó a repetir que hay que seguir negociando y reconoció: "Esto no puede durar eternamente". Entre los fantasmas que azotan al tripartito está el de llegar al 9 de agosto sin un acuerdo. Esto significaría haber superado en 12 meses el plazo establecido por el Estatuto y sería de imposible justificación. Por esta razón, el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, señaló que si después del 15 de julio sigue sin haber acuerdo, Cataluña debe seguir negociando, pero sin impedir que el resto de las comunidades acepten, si lo desean, la propuesta del Gobierno.
Mucho más impaciente se mostró el Partido Popular en Cataluña pese al recurso que mantiene sobre el Estatuto. Su presidenta regional, Alicia Sánchez-Camacho, emplazó a Convergència i Unió a reflexionar sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat si éste no cierra un buen acuerdo de financiación antes del 15 de julio y se niega a convocar elecciones anticipadas.
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