Cristina Fernández de Kirchner, ayer y hoy

Todo ha cambiado. Hace aproximadamente un año y medio, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) llegaba al Gobierno de la Argentina con una economía en fuerte crecimiento, la autoridad presidencial recompuesta, una plataforma política plural y con tirón, y un gran dominio del Partido Justicialista (peronista). Hoy, sin embargo, la economía está en fase de desaceleración, las fuentes del superávit fiscal han desaparecido, la popularidad de la presidenta ha caído en picado y el peronismo vuelve a fragmentarse. ¿Cómo se explica?

Todo comenzó en marzo de 2008, con la decepcionante actuación del Gobierno de CFK en el conflicto con el campo. CFK alcanzó la presidencia con un discurso de cambio: había llegado la hora de institucionalizar la política argentina. En su paso por Madrid, la entonces candidata subrayó la importancia de contar en el futuro con "instrumentos económicos, sociales y políticos que permitan canalizar democráticamente el conflicto social", para "elevar la calidad institucional y cívica de la Argentina". Sus recurrentes referencias a los Pactos de la Moncloa en la campaña electoral, y su particular admiración por el socialismo español, hacían pensar que su Gobierno estaría dispuesto a actuar con perspectiva de largo plazo. La inclusión de un líder provincial proveniente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), el actual vicepresidente Julio Cobos, procuraba mostrar una inclinación por la construcción de un espacio político plural y transversal.

El empeoramiento de la situación en Argentina, clave en las próximas elecciones legislativas

Pasados apenas tres meses desde que asumió la presidencia, CFK decidió -legítimamente- romper la situación de equilibrio que mantenía el Estado con el sector agro-exportador desde 2002. El Gobierno mantenía devaluada la moneda local, aumentando los márgenes de rentabilidad de los exportadores a la vez que retenía una parte de sus ganancias. Esta ecuación le permitió al Gobierno recomponer las cuentas fiscales, destinar recursos a subsidios, llevar a cabo programas de inversión pública, así como controlar el precio de los alimentos locales. Pero el conflicto estalló cuando el Gobierno de Fernández intentó modificar los parámetros de esta ecuación. La huelga del campo, aunque irresponsable y al borde de la ilegalidad, encontró apoyo en parte de las clases medias urbanas, huérfanas de representación política y sensibles a la aceleración de la inflación.

En un error de cálculo, el Gobierno se resistió a abrir una vía de negociación. Su preferencia no fue encauzar el conflicto dentro del marco institucional, sino recrear los antagonismos del viejo peronismo. El vicepresidente Cobos fue el encargado de echar por tierra la iniciativa del Gobierno en el Parlamento, propiciando su primera derrota política y mostrando los límites que la propia coalición electoral podían poner al ejercicio de un gobierno unilateral.

El resultado de este conflicto ha sido la pérdida de poder político del Gobierno de Fernández. Esto se reflejó en, al menos, tres cuestiones. Primero, la propia imagen de CFK: los índices de popularidad y confianza han caído abruptamente, pasando de un 70% de aprobación al 35%. Segundo, la fractura de la coalición electoral: el vicepresidente Cobos ya no responde al Gobierno y el proyecto transversal ha perdido toda credibilidad. Por último, el fuerte debilitamiento del apoyo partidario: varios gobernadores y legisladores peronistas ofrecen hoy sólo un apoyo condicional al Gobierno, negociando ley por ley.

Pero el Gobierno ha perdido más recursos. El prolongado conflicto con el campo, el impacto de la crisis financiera durante el último trimestre de 2008 y la baja del precio de los bienes exportables han frenado la economía argentina y reducido las capacidades fiscales de la presidencia. Para recomponer estas últimas y evitar una nueva suspensión de pagos de la deuda pública, el Gobierno aceleró estratégicamente la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones de capitalización privada que, aunque generaba serias dudas sobre sus garantías a largo plazo, demandaba un debate de mayor calado. La nacionalización se contaminó de oportunismo.

Todo indica que la tarea de la presidenta para gobernar y competir en las legislativas de 2009 se ha vuelto cuesta arriba. La pérdida de popularidad y capacidades fiscales han aumentado el precio de la colaboración de legisladores y gobernadores a las iniciativas del Gobierno, de modo que precisará más recursos fiscales para conseguir apoyo en el momento en que estos comienzan a contraerse. Los líderes provinciales han recuperado la capacidad de designar ellos a los candidatos a legisladores nacionales, de modo que ha disminuido la de la presidencia para organizar la coalición electoral. Finalmente, el debilitamiento de las capacidades del kirchnerismo para designar un sucesor a la presidencia también modera su influencia.

En suma, las condiciones que habían posibilitado la emergencia y el desarrollo del kirchnerismo parecen haber desaparecido. Sobrevivir a las nuevas condiciones políticas y económicas requerirá del Gobierno una fórmula de gobernabilidad alternativa a la ejercida hasta el momento. La colaboración de actores cuyo concurso ha dejado de ser prescindible exige a CFK ejercer en la presidencia el discurso institucional e integrador que paseó por el mundo en su campaña electoral.

Además de Sebastián Lavezzolo, politólogo e investigador en la Universidad de Nueva York, firma este artículo Nicolás Cherny, politólogo e investigador en la Complutense de Madrid.