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El Gobierno exige el fin de los vertidos de Fertiberia pero garantiza su futuro

El comité de siete sabios trabajará en los planes de recuperación de la zona

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino instará a la Audiencia Nacional la ejecución provisional de la sentencia de 2007 que considera expirada la concesión que poseía la empresa de fertilizantes Fertiberia, ubicada en el Polo Químico de Huelva, desde 1968 para seguir vertiendo fosfoyesos (subproducto de ácido fosfórico) a las marismas de Mendaña, a unos 500 metros del casco urbano de la ciudad. Fertiberia ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo con lo que ahora la Audiencia Nacional deberá decidir si la ejecuta mientras se resuelve la apelación.

La ejecución provisional de la sentencia pasa por la reducción de los vertidos por parte de Fertiberia en un 50% a partir de este mismo año y la mitad restante de forma gradual hasta 2012. De forma paulatina se comenzará a restaurar ambientalmente la zona degradada (720 hectáreas según los cálculos del ministerio). Los terrenos recuperados revertirán al dominio público terrestre y se garantizarán medidas sociolaborales para los operarios.

La empresa recurrió ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional
Los sabios proceden del CSIC, CSN y las universidades de Sevilla y Huelva

El secretario general del Mar del Ministerio de Ambiente, Rural y Marino, Juan Carlos Martín Fragueiro, trasladó ayer la posición del Gobierno central a los representantes de los trabajadores de la factoría -cuya plantilla asciende a 300 operarios- y garantizó la continuidad de la actividad de la planta una vez que cesen los vertidos en 2012. Los trabajadores de la factoría onubense firmaron el viernes pasado un Expediente de Regulación de Empleo Temporal que afectaría a 274 asalariados. El resto se mantendría en labores de mantenimiento. El ERE, que obedece a la situación de caída del mercado, se prevé que tenga una duración de seis meses y no impide el cumplimiento de la resolución judicial.

"Los Gobiernos central y andaluz están en disposición de garantizar que los trabajadores continuarán su actividad en la fábrica y ésta, una vez finalice el cese de los vertidos en 2012, seguirá operando de acuerdo al plan presentado por la misma".

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Juan Carlos Martín Fragueiro avanzó que el Ejecutivo central ha encargado el proyecto de restauración por valor de un millón de euros financiados íntegramente por el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa pública Tragsatec. Esta empresa elaborará de acuerdo con varios proyectos pilotos para acometer esa restauración. Será después la comisión de expertos, que se constituyó ayer, a instancias de la Junta la que valide la actuación planteada por Tragsatec.

La comisión de expertos la forman siete personas procedentes del ámbito académico y científico que aplicarán "criterios ambientales y técnicos en descontaminación de suelos industriales, en análisis de calidad del agua y del aire", entre otros factores, como explicó la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo. Entre los grupos científicos que integran la comisión figura el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, además de las Universidades de Sevilla y Huelva.

El comité de empresa acogió de forma satisfactoria la posición del Gobierno: "Satisface las expectativas", indicó el secretario provincial de FIA-UGT, Luciano Gómez. El dirigente sindical indicó que el horizonte de 2012 es "razonable" para que "todo el mundo se adapte, incluida la empresa, con nuevas inversiones para garantizar que las plantas que no dependen del ácido fosfórico puedan continuar más allá del cese de los vertidos".

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