El Defensor denuncia las listas de espera de Madrid

"Amplios e inaceptables". Así son los tiempos de espera que aguantan algunos ciudadanos en la sanidad española. Lo denunció ayer el defensor del pueblo, Enrique Múgica, durante la presentación en el Congreso de los Diputados de su último informe, de 2008. Y puso ejemplos que dejan especialmente mal parada a la región. De nueve casos de demoras excesivas, siete ocurrieron en Madrid: ocho meses de espera para una consulta de oftalmología en La Paz, ocho meses para cardiología en el centro de especialidades Hermanos García Noblejas y el de Aguacate, otros ocho meses para una prueba en el Puerta de Hierro, cuatro meses para una mamografía en La Paz...

Prácticamente no hay página en el apartado sanitario del informe en la que el Defensor no se refiera a quejas que le llegan desde Madrid. En sus conclusiones denuncia la existencia de agendas cerradas en varios centros sanitarios, y destaca el "significativo número de quejas" recibidas por la "externalización" de los servicios sanitarios.No sólo es que los ciudadanos se eternicen en las listas de espera para que les vea el especialista o les hagan una prueba. Es que, además, esas listas se gestionan de manera "irregular", denuncia el Defensor del Pueblo. Se refiere a la práctica de las "agendas cerradas". Cuando el paciente va a pedir hora para el especialista en su centro de salud, le dicen que no se la pueden dar porque la agenda todavía no está abierta. Eso se traduce, explica el Defensor, en "la existencia de pacientes en espera, en ocasiones durante un elevado número de meses, de que se les asigne la fecha en la que podrán ser atendidos".

Y lo ilustra con cuatro ejemplos, todos en Madrid: endoscopia digestiva en el Gregorio Marañón, neurología en el centro de especialidades de Villaverde-Cruce, ginecología y obstetricia en el hospital Infanta Elena y oftalmología en el centro de especialidades de Moratalaz. Las agendas cerradas, señala Múgica en sus conclusiones, "demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos".

La privatización de la sanidad madrileña también ocupa varias páginas del informe. El Defensor dice haber recibido quejas de "un amplio número de usuarios y profesionales" acerca del "posible deterioro" de la sanidad pública. Múgica deja constancia de su "inquietud" al respecto y, más adelante, retoma la "externalización" de los servicios sanitarios para a continuación lanzar un aviso: su progresión "podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".

La privatización de los centros de especialidades de Pontones y Quintana también motivó que el Defensor iniciara una investigación, aún no concluida, para determinar si una empresa privada puede prestar asistencia sanitaria en un edificio de titularidad pública.

Múgica también se ocupa, como consecuencia del "representativo número de quejas", de la falta de pediatras que aqueja al sistema sanitario público. De los cinco ejemplos que cita, cuatro corresponden a Madrid. Por ejemplo, 600 usuarios del centro de salud de Ciempozuelos denunciaron la masificación de las consultas y el hecho de que los médicos de cabecera estaban asumiendo la atención pediátrica. Éstos, por seguridad, en ocasiones derivaban a los niños al 12 de Octubre. Algo similar ocurría en el centro de salud de Perales del Río (Getafe) y en el de Embajadores (Madrid).

El informe va desgranando denuncias e investigaciones en materia sanitaria del año pasado. Como la que el Defensor inició de oficio sobre el centro de salud El Soto, en Móstoles. Las vacaciones del médico titular dejaron sin actividad una consulta durante ocho días. También se denunció que en el hospital infantil Niño Jesús no había intérpretes o traductores de signos para atender a los menores sordomudos, especialmente cuando sus padres también lo eran.

El hospital Puerta de Hierro, recién trasladado a Majadahonda, generó el año pasado "diversas quejas", todavía en trámite, en las que se detalla que "la imprevisión ha generado un riesgo para la salud de los pacientes, tal y como han manifestado los propios profesionales del centro". El informe también habla de las quejas sobre la "notable demora" en las urgencias de los hospitales públicos, "especialmente en centros de la Comunidad de Madrid", puntualiza el Defensor.