La Diputación creará 5.000 empleos con la energía 'verde'

Una iniciativa contra el cambio climático en Barcelona va a permitir matar varios pájaros de un tiro: generar hasta 5.000 empleos, convertir los edificios de titularidad municipal al credo de la energía verde y, ya de paso, encontrar una nueva vía para obtener ingresos para las exiguas arcas de los ayuntamientos.

Es el triplete que confía lograr la Diputación de Barcelona tras el acuerdo hilvanado ya con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), La Caixa y Caixa Catalunya para financiar con una cuantía de hasta 500 millones de euros inversiones en energías sostenibles en centenares de edificios municipales; en esencia, el alquiler de techo improductivo para la instalación de placas fotovoltaicas.

El BEI, La Caixa y Caixa Catalunya financiarán el 75% de los proyectos

El comité ejecutivo del BEI ya ha dado luz verde a créditos por 375 millones, que se suman a los 125 de las citadas cajas, y está pendiente de la aprobación del consejo de administración, el próximo 16 de junio, que se da por segura. La iniciativa implicará la convocatoria de entre 25 y 30 concursos públicos entre este año y 2012 y concierne a los 84 ayuntamientos de Barcelona.Se trata de los municipios de Barcelona que se han sumado a los compromisos del Pacto de Alcaldes a favor de la lucha del cambio climático. Sumarse a ese pacto, una iniciativa promovida por la Comisión Europea, implica comprometerse de forma obligatoria a reducir las emisiones de CO2 al menos el 20% en el año 2020, y también a que, por esa fecha, el 20% de la energía empleada sea renovable.

Para cumplir con esos objetivos, el área de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona ha diseñado un plan que pasa por empaquetar lotes edificios que se sacarán a concurso. "Se trata de agregar la demanda para que a los operadores les resulte más atractivo acudir", explica el coordinador de esta área, Ferran Vallespinós, quien calcula que los lotes serán importantes, por un valor aproximado de entre 20 y 25 millones de euros. Cuando habla de operadores se refiere a las empresas que se verán implicadas en la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de todos los edificios de titularidad municipal, como polideportivos, escuelas, cementerios y piscinas.

La financiación de las cajas y del BEI se destinará a costear hasta el 75% de cada proyecto. El 25% restante del dinero tendrán que ponerlo las propias empresas, bien empleando sus propios recursos o bien intentando encontrar financiación privada. Además de agregar la demanda y de convocar los concursos públicos, el papel de la Diputación consistirá en realizar un seguimiento de cada uno de los proyectos.

A cambio de que las empresas puedan utilizar las cubiertas y tejados de los edificios municipales, deberán pagar un canon al Ayuntamiento de la localidad. La cuantía de este canon todavía no está cerrada, pero la negociación actual oscila entre los tres y los cuatro euros por metro cuadrado al año. Aunque no se trate de una cuantía muy elevada, al menos será una vía nueva de ingresos para unas arcas municipales muy castigadas, como las de las autonomías, por la caída de los ingresos fiscales vinculados al sector de la construcción.

Las instalaciones deberán estar finalizadas, como muy tarde, el 31 de diciembre del año 2012, subraya Vallespinós.

¿De dónde sale la estimación de que pueden crearse 5.000 nuevos empleos gracias a esta iniciativa? De los cálculos de la organización Greenpeace, según la cual la instalación de cada megavatio de energía fotovoltaica, y su explotación posterior, supone la generación de 50 empleos. El macroproyecto es de un centenar de megavatios, de modo que sólo hay que multiplicar.La Asociación Catalana de Ejecutivos, Directivos y Empresarios (ACEDE), lobby o grupo de presión en cuyo seno conviven patronales de distintos sectores económicos, ha ofrecido ya sus servicios para dar formación a los empleos, explica su presidente, Joan Vilar. "La instalación y el mantenimiento de placas fotovoltaicas generan empleos fácilmente reconvertibles, de los muchos que están en el aire por la crisis de la construcción. Y no son deslocalizables", dice Vilar.