Bruselas autoriza el almacenamiento de aceite por la caída de los precios

Después de varios meses de resistencia, la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha accedido finalmente a autorizar las ayudas a los productores para el almacenamiento privado de aceite de oliva durante un periodo de seis meses y una cantidad máxima de 110.000 toneladas, para hacer frente al derrumbe de los precios. La medida, que afecta a los tipos de aceite de oliva virgen y virgen extra, fue acordada ayer por la Comisión Europea, tras detectar que en varios mercados de referencia los precios habían sufrido "una significativa y prolongada caída".

La medida, que había sido solicitada por España y Grecia de manera insistente, está sólo pendiente de su aprobación por el Comité de Gestión de la Unión Europea, un organismo de carácter técnico en el que están representados los Veintisiete Estados miembros. Las ayudas serán aprobadas con casi toda probabilidad pues para su rechazo se requiere la mayoría cualificada del comité. Las intervenciones del mercado podrán ser aprobadas la próxima semana, según la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.Las intervenciones con ayudas públicas se efectúan tras apreciar que los precios de referencia en varios mercados representativos se situaron por debajo de los 1.779 euros por tonelada para el aceite de oliva de virgen extra y de 1.710 euros la tonelada para el aceite de oliva virgen.

La previsión es de 4.500 euros por tonelada y 0,1 euro por kilo y mes

Las ayudas para financiar el almacenamiento privado podrían empezar los próximos meses de junio y julio, según Bruselas. La Comisión también ha señalado la posibilidad de extender las ayudas, según las previsiones de la cosecha 2009-2010 que se conocerán a finales de este año.

En Andalucía, el sector oleícola recibió con alivio el visto bueno de la Comisión Europea a las ayudas para el almacenamiento privado de aceite, una medida que venían reclamando desde hace meses los productores de la comunidad. Aunque existe unanimidad en afirmar que la decisión no será la panacea de todos los males de un sector que supone el 30% de toda la renta agraria andaluza, sí que se espera que actúe como bálsamo y logre contener la caída en picado de los precios en origen, de un 30% en el último año, lo que había hecho que más del 60% de las explotaciones andaluzas vendieran su aceite por debajo de costes.

El almacenamiento privado es un mecanismo que sustituye a la antigua intervención pública -desaparecida con la actual OCM del aceite- y que permite a las almazaras la retirada temporal del mercado de parte del aceite con el objetivo de contener la oferta y, de ese modo, provocar una subida de los precios en origen. Mientras dura ese almacenaje los olivareros recibirán unas ayudas aún por concretar, pero que podrían rondar los 4.500 euros por tonelada almacenada más una aportación de 10 céntimos por kilo y mes. La medida cobra especial importancia en Andalucía, que concentra el 80% de la producción nacional.

El reglamento comunitario condicionaba esas ayudas a que el precio del aceite virgen extra fuera inferior, durante más de dos semanas, a 1,77 euros por kilo y 1,52 euros para el aceite de oliva lampante, unos índices que se habían alcanzado hace tiempo. Tanto el sector como la Consejería de Agricultura reclaman la actualización de esos precios, fijados hace una década, al menos hasta los 2,11 euros para el kilo de virgen extra. El aceite podrá guardarse en bodegas de las propias almazaras o del Patrimonio Comunal Olivarero, a través de un proceso de licitaciones y subastas.

El sector plantea otra batería de propuestas, entre ellas la lucha contra el fraude; negociar con la distribución que se ponga freno a la utilización del aceite como producto reclamo con más del 60% vendido como marca blanca; modificar la ley para que haya precios de referencia de compra; poner en marcha un código de buenas prácticas comerciales; y por políticas de apoyo a la concentración de la oferta.