Los jueces decidirán cuando haya conflicto entre paciente y médico

Los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos años de casos de enfermos terminales que han batallado para conseguir que les retiraran el tratamiento que les mantenía con vida. La futura ley andaluza de muerte digna ahorrará esa lucha al paciente. Pero en los hospitales también sucede a veces lo contrario: enfermos que piden un tratamiento que prolongaría su vida y se enfrentan a un médico que considera que la medida es inútil e incluso contraindicada. ¿Qué se hace entonces?

El artículo 20 del anteproyecto de ley de muerte digna contempla la limitación del esfuerzo terapéutico como una obligación del médico cuando considere que el tratamiento no va a servir para nada. El apartado tres de dicho artículo preveía la intervención de un comité de ética para asesorar al médico si el paciente o su familia insisten en pedir que le alargue la vida. Tras leer el dictamen que redactó el Consejo Consultivo sobre el borrador de la ley, la Consejería de Salud ha eliminado ese apartado. Como ocurre con cualquier otra norma, si el enfermo o su familia no están de acuerdo con que los médicos retiren (o no inicien) un tratamiento, podrán ir a los tribunales.

Fuentes de Salud señalan que la intervención del comité ético (del que por ley dispondrán todos los centros sanitarios) se había contemplado como un mecanismo de salvaguarda. Pero al Consejo Consultivo, según recogió en su informe, la lectura del artículo 20 le provocó "inquietud" por entender que dejaba toda la responsabilidad en manos de los médicos. "Si se produjera la retirada de un soporte vital en contra de la decisión del enfermo o de sus familiares, el facultativo actuante podría estar incurriendo en una responsabilidad penal grave", advertía el dictamen.

"Algo que se puso para dar más seguridad al profesional al final parecía que podía ser perjudicial", explica Salud. Los otros tres apartados de este artículo se mantendrán prácticamente igual. Es decir, el médico "limitará" las medidas de soporte vital cuando la situación del paciente lo aconseje. Antes, tendrá que justificar su decisión y recabar la opinión de "al menos" otros dos profesionales. Una vez informado el paciente, los médicos están obligados a ofrecerle "todas las intervenciones necesarias" para garantizar su "cuidado y confort".

La ley no va a incluir de forma explícita la posibilidad de recurrir a los tribunales si el paciente o su familia discrepan del médico. Pero fuentes de Salud consideran que esta opción se da por hecho, como ocurre en cualquier caso de conflicto. De cualquier forma, los comités de ética existirán en todos los centros y los médicos pueden pedir su valoración antes de decidir retirar un tratamiento.

Para introducir este cambio en la ley, la Junta ha tenido muy en cuenta el voto particular discrepante de un consejero del Consultivo, que rechazó las reticencias del dictamen a la limitación del esfuerzo terapéutico tal y como estaba redactado en el anteproyecto. "Un profesional no puede actuar sin el consentimiento de un paciente; pero un paciente no puede exigir al profesional lo que éste considera no indicado", apuntó este consejero, que creía que el apartado que ahora se elimina era un buen "mecanismo de seguridad". El nuevo texto de la ley, que ha sufrido otros cambios menores para adecuarlo al informe del Consultivo, pasará en las próximas semanas por el consejillo (reuniones de viceconsejeros preparatorias del Consejo de Gobierno). Salud quiere que la norma se apruebe antes del verano.