Contra un 'cierre político'

Luis Gómez está de jefe de turno del centro de control de Garoña. Por allí tres técnicos deambulan alrededor de los miles de indicadores y paneles con los que se registra la vida de la nuclear de Santa María de Garoña.

La planta se conectó a la red en 1971. "Pero queda poco de aquello, casi todo se ha ido cambiando", explica Gómez, de 57 años, que lleva 32 en la planta. Él resume el sentir de la plantilla: "Estamos muy preocupados; pero cerrar la central no tendría sentido. La seguridad está garantizada. Confiamos en que el Consejo de Seguridad Nuclear nos dé permiso, y sería injusto que una decisión política la cerrase cuando cumple las normas".

El informe del CSN sólo es vinculante si es negativo. Aunque el CSN diga que la planta es segura, el Gobierno puede cerrarla. Y ése es el principal temor de la central, que emplea a 330 personas de forma directa y a otras tantas en contratas. La cifra de negocio de la central en 2008 fue de 258 millones de euros, lo que la convierte en la séptima empresa de Burgos. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso en 2005 un "calendario de cierre" nuclear, algo difícilmente compatible con alargar la vida de Garoña. Poco a poco el Ejecutivo ha ido moderando su discurso antinuclear y en la central planea la sensación de que el CSN (donde hay dos consejeros propuestos por el PP y uno por CiU por dos del PSOE) dará el visto bueno y de que, con la crisis, al Gobierno le queda poco margen para cerrarla. En contra juega que la caída de la demanda eléctrica hace más fácil reemplazarla.

Junto a la vasija del reactor, una piscina de 20 metros de alto y agua de un sorprendente azul profundo almacena los residuos radiactivos de la central, que seguirán activos durante miles de años. Una cámara de la Agencia Internacional de la Energía Atómica controla la sala. A la salida, el dosímetro marca que la radiación recibida ha sido de un microsiervert, casi despreciable, menos que la de un viaje en avión.