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La investigación del 'caso Gürtel'

Rajoy refuerza el blindaje a Camps y Costa tras ser imputados por cohecho

El PP no se plantea suspender al presidente valenciano y a su portavoz parlamentario como ha hecho con otros implicados en la trama de corrupción de Correa

La doctrina de Mariano Rajoy de suspender de militancia a los miembros del partido que son imputados por la supuesta trama corrupta vinculada al PP ha durado sólo lo que el caso ha tardado en llegar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citó ayer para el próximo día 19 a Camps y al número dos del PP en esa autonomía, Ricardo Costa, a declarar como imputados en un presunto delito de cohecho. Rajoy no aplica a ninguno de los dos el rasero utilizado con la docena de imputados del partido en el caso Gürtel que sí han sido destituidos de sus cargos y suspendidos de militancia, si bien tres siguen como diputados en la Asamblea de Madrid.

Otro imputado en Valencia por recibir trajes sí ha sido suspendido por el PP

Rajoy telefoneó a Camps para darle su apoyo tras la citación del juez

El Tribunal Superior ha llamado a declarar como imputados a Camps y a Costa por haber recibido, supuestamente, trajes valorados en miles de euros y pagados por Orange Market -la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia- y por otras empresas de la red.

La investigación judicial ha acreditado el pago de 12.000 euros por parte de las empresas de la trama por trajes para Camps. De estos regalos queda constancia documental en facturas encontradas en el sótano de la tienda Forever Young, donde se efectuó la mayoría de las compras. Además, testimonios del dueño de la tienda, de empleados y del director de ventas que atendía personalmente a Camps apuntan a que los trajes que adquiría el presidente valenciano eran abonados por los directivos de las empresas de la trama corrupta.

La dirección nacional del PP, pese a confirmarse la condición de imputados de Camps y Costa, cerró filas en torno a ellos y ha decidido blindarles con un rasero distinto al de otros imputados. El partido hizo público un comunicado en el que defiende su inocencia y asegura que está "firmemente convencido de que tanto Camps como Costa demostrarán la verdad y muy pronto terminará el juicio paralelo al que han sido sometidos". Fuentes oficiales del PP ratifican que no hay la más mínima intención de proceder como se ha hecho con otros cargos suspendidos de militancia en cuanto fueron imputados en este caso por los jueces de Madrid y de Valencia. Se da la circunstancia de que en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Valencia hay otro imputado, acusado de los mismos hechos que el presidente valenciano, que sí ha sido suspendido de militancia: es Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, que también ha sido citado por el juez junto al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

Los cuatro están imputados por recibir trajes de Milano y Forever Young de la trama corrupta. La única diferencia entre Camps y Costa con respecto a Campos es que éste había dejado la primera línea política para dedicarse a la actividad privada. Betoret, familiar político de Carlos Fabra, no es militante del PP.

Rajoy habló ayer con Camps por teléfono y le trasladó su apoyo, según fuentes del PP. El breve comunicado de la dirección popular añade que la decisión del juez de citarle a él y a Costa como imputado "supone acabar con la situación de indefensión que han padecido en los últimos meses y les permitirá demostrar su inocencia ante el foro adecuado". Camps ha eludido reiteradamente las preguntas formuladas por la oposición en el Parlamento autónomo. El PP no hizo público ningún comunicado similar al de Camps cuando se produjo la imputación de los otros ocho imputados suspendidos de militancia.

La decisión de Rajoy de aplicar esa doble vara no es compartida por algunos miembros de la dirección, críticos con la estrategia frente a este caso. Aseguran que el partido ha preferido vivir el día a día, sin pensar que este momento iba a llegar. Esa estrategia empezó por cargar contra el juez Baltasar Garzón para desacreditarle, pero ahora las imputaciones las han decidido magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia. Horas antes de la imputación, el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, defendió en TVE la suspensión de militancia de todos los que sean imputados.

Presidentes en el banquillo

- Carlos Collado (PSOE). Presidente de Murcia de 1984 a 1993. Dimitió por supuestas irregularidades relacionadas con fondos públicos. Fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.

- Gabriel Cañellas (PP). Presidente de Baleares, dimitió al poco de jurar su cargo, en 1995, imputado por el cobro de comisiones en obra pública. Absuelto en 1997.

- Javier Otano (PSOE). Presidente de Navarra en 1996, fue imputado en el caso Roldán y por el cobro de comisiones ilegales. En el primer caso fue absuelto por falta de pruebas y en el segundo por prescripción.

- Gabriel Urralburu (PSOE). Presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue encarcelado en 1995 y condenado a 11 años de prisión por cobrar comisiones ilegales en obras públicas.

- José Marco (PSOE). Presidente de Aragón entre 1993 y 1995, dimitió y fue condenado a 13 meses de cárcel y seis de inhabilitación por malversación de caudales en el caso del Sillón.

- Juan Hormaechea (UPCA). Presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, fue condenado a seis años de prisión por malversación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de mayo de 2009

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