El tripartito y el clasismo en la educación
Tanto hablar del tripartito, a veces se olvida que la actual mayoría parlamentaria y los gobiernos que han emanado de ella reúnen a todas las izquierdas de este país. No son tres, sino cuatro partidos, o más, pues uno de ellos, Iniciativa Verds, es una coalición con Esquerra Unida y esta formación, a su vez, reúne también a varios partidos menores. Y el partido socialista incluye también una organización atípica como Ciutadans pel Canvi. Pues bien, ahora resulta que tenía que llegar al gobierno de la Generalitat esta suma de todas las izquierdas de Cataluña para que las derechas de este país obtuvieran la garantía de que no se les va a arrebatar uno de los más injustos, clasistas y por eso mismo escandalosos privilegios de que gozan desde los tiempos del pujolismo: que se financie con dinero público a las escuelas privadas y religiosas que practican la segregación por sexos siguiendo las más rancias tradiciones, no ya del nacionalcatolicismo, sino simplemente del conservadurismo social y económico. Eso en el país de la Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia, de Rosa Sensat y Angeleta Ferrer, de Marta Mata y de Pere Darder, tan a menudo invocados desde la izquierda.
Las izquierdas han hecho una ley que garantiza la financiación pública a las escuelas privadas y religiosas
Esta garantía la ha ofrecido el Gobierno de Montilla, a través del consejero Maragall, a cambio de que CiU vote el proyecto de ley de educación actualmente en fase de debate parlamentario. En contra de lo que los diputados de las izquierdas clamaban cuando estaban en la oposición, lo que el Gobierno tripartito está concediendo ahora a CiU no es una ley de educación que permita aplicaciones distintas según el color ideológico de los gobiernos. Es decir, una ley que, entre otras cosas, permita al Gobierno actual eliminar la subvención de este tipo de escuelas con fondos públicos, pero que también permita su eventual reinstauración por un Gobierno de derechas si llegara el caso. No. Lo que se ha hecho es otra cosa. Lo que se ha hecho es garantizar que el tripartito de la izquierda va a mantener esos privilegios. Simplemente, renuncia a la oportunidad de suprimirlos que le brinda la elaboración de esta ley.
Esto es lo que CiU ha obtenido a cambio de dar su bendición a lo que sus dirigentes pomposamente bautizan como una ley de país. La bendición es, desde luego, pertinente en este asunto, pues lo que en el fondo está en juego es la subvención con fondos públicos, mediante concertación, del cuasimonopolio de la educación de las clases altas del país en escuelas privadas de matriz religiosa católica.
El pujolismo, que al fin y al cabo es poco más que la versión nacional, es decir, simplemente local, de la democracia cristiana catalana, no se atrevió a poner en una ley del Parlament ese modelo de sistema escolar, que aplicó con diligencia y generosidad para sus beneficiarios, pero sin presumir de ello, con cierta discreción. Éste fue uno de los aspectos de los 23 años de gobiernos de CiU en los que más brilló el savoir faire del lado conservador del poliédrico movimiento creado por Jordi Pujol. Practicó con maestría aquella enseñanza evangélica que habla de que es mejor que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Los gobiernos de CiU hablaron y hablaron a favor de la escuela pública, siempre escasa de medios económicos, que, ya se sabe, son limitados, mientras que al mismo tiempo subvencionaban las escuelas de élite a las que acuden los hijos de las clases pudientes, por decirlo suave.
Formó Pasqual Maragall el primer Gobierno catalán de todas las izquierdas, todas, y mantuvo la fórmula del pujolismo. Llegó al Departamento de Educación el segundo Maragall, Ernest, y la mantiene. Pero es difícil comprender por qué el Gobierno de Montilla asume consagrar la subvención pública de un área sexista, además de clasista, en la enseñanza obligatoria, un gueto al revés. Desde luego, no es excusa de nada que esta parte del proyecto de ley sea rechazada por uno de los componentes del tripartito. Las decisiones de los gobiernos no se miden por partes. Son las que son, enteras.
Puede que el proyecto de ley aborde adecuadamente deficiencias del sistema educativo que llevan años esperando una acción decidida de la Administración, pero esto no justifica en absoluto que se intente aprovechar la ocasión para consagrar un negativo aspecto del statu quo social en vez de utilizarla para paliar unas diferencias injustas. Para hacer algo tan simple como lo que ya ha hecho el Gobierno de Cantabria, por ejemplo.
