El traje: ¿regalo o soborno?

Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión. Los trajes que la trama de empresas corruptas de Francisco Correa presuntamente regaló al presidente valenciano, Francisco Camps, abren en España un debate que se dirime en dos planos: el judicial, actualmente en curso, y el moral, más difícil de atrapar. Pero importante: ¿Puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su Administración adjudica contratos? Más allá de la voz de los jueces, la tolerancia de un país hacia esa promiscuidad también da el nivel de su talla ética.

En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avión privado y el yate del multimillonario Vincent Bolloré. El presidente Sarkozy, quien no tiene ningún reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: "No veo dónde está la polémica. Esto no le cuesta nada a los contribuyentes", ha manifestado. A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposición sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con conjuntos valorados en 15.000 euros. El salario de Dati es de 14.000 euros al mes.

Otros países, como Dinamarca, aplican una política de tolerancia cero. El país escandinavo sólo permite recibir regalos de cortesía y protocolo como "una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado", según los ejemplos que da la Autoridad del Empleo Público, un órgano que ha redactado un código ético común para los funcionarios daneses y que incentiva a los organismos públicos a ser aún más severos cuando lo crean necesario.

Por citar un caso singularmente estricto, los empleados de la Embajada danesa en Vietnam no pueden recibir regalos de más de 50 euros y, con todo, deben dar parte a su superior, ya que se entienden recibidos en nombre de la embajada y no a título personal. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, según el índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional.

España, que ocupa el puesto 28 en ese listado, mejor posición que Italia, Portugal o Israel, aunque peor que Barbados, Chile o Uruguay, tiene normas taxativas: "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía", rezan el Código de Buen Gobierno de 2005, aplicable a cargos electos de la Administración central, y para funcionarios, el Estatuto Básico de 2007.

Normas tan imprecisas siempre plantearán dudas ¿Es un décimo de Navidad un regalo de cortesía? Cuando era alcalde de L'Hospitalet, al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le regaló uno un constructor adjudicatario de obra pública. Y tocó. 14 millones de pesetas, el segundo premio de 1995. El Tribunal Superior de Cataluña no le condenó por cohecho porque consideró que regalar lotería del Gordo es un hecho socialmente extendido.

El Código Penal castiga con multa la aceptación de regalos, como modalidad leve de cohecho, y la condena será de cárcel si el político o funcionario responde con una contrapartida al empresario dadivoso, como por ejemplo adjudicarle un contrato millonario para organizar eventos públicos (ver cuadro). La ley podría endurecerse en breve. El anteproyecto de reforma del Código Penal castiga la aceptación de regalos con cárcel de seis meses a un año y suspensión del cargo de uno a tres años. Esta pena no se impondría en el caso de Camps, por el principio de no retroactividad.

Ahora bien, la pandemia de la corrupción no se curará a golpe de Boletín Oficial del Estado. Más allá de las sanciones, hace falta prevenir y controlar, reclaman instituciones internacionales y ONG como Access Info Europe. El acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y altos cargos es un instrumento básico para detectar su enriquecimiento ilícito. En los últimos 20 años se han generalizado y los países más desarrollados han ampliado su contenido (ingresos, regalos, viajes), los obligados a presentarlas (cónyuges e hijos del cargo público) y su difusión (los más transparentes las publican en Internet).

El registro de regalos del Ayuntamiento de Londres puede ser consultado en la Red y cualquiera puede conocer que el teniente de alcalde, Richard Barnes, fue obsequiado el 19 de abril con un sombrero Panamá por la Cámara de Comercio de Ecuador, o que la Asociación de Fútbol inglesa invitó al concejal Kit Malthouse a un almuerzo y al derbi entre el Arsenal y el Chelsea del 18 de abril.

El Banco Mundial informa de que en 2009, de 175 países analizados, sólo 109 obligan a sus parlamentarios a presentar una declaración patrimonial, y de ellos únicamente 63 las ponen a disposición del público, en muchos casos con condiciones y sólo parcialmente, como hace el Parlamento español. De acuerdo con el nuevo Reglamento de la Ley de Conflictos de Interés, en octubre se conocerá el patrimonio de ministros y secretarios de Estado, que deberá ser publicado en el BOE. Aunque, de momento, no se ha comunicado si la información estará en Internet como el registro de regalos del Ayuntamiento de Londres.

"¿Por qué en España no pasa lo mismo?, ¿Cultura política made in Spain?" se pregunta Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en buena gobernanza. "Salimos perdiendo en casi todos los instrumentos de lucha anticorrupción si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Nos acercamos más bien a un país como Italia, el peor modelo a seguir de Europa. Aunque al menos no tenemos un problema tan serio a la hora de regular los conflictos de interés porque allí el presidente, quien tendría que dar ejemplo, es a la vez el principal empresario del país".

Algunos expertos piden que se cree una agencia anticorrupción independiente y con amplios poderes, como la Oficina de Ética del Gobierno (OEG) estadounidense. La Casa Blanca la creó en 1978, con la resaca del mayor escándalo de corrupción de la historia de EE UU, el caso Watergate. La OEG examina las declaraciones de intereses privados de altos cargos del poder ejecutivo federal, elabora códigos de conducta y educa en valores a cerca de tres millones de funcionarios. A modo de exámenes, online o presenciales, éstos deben resolver una serie de casos prácticos en los que se les plantean dilemas éticos del tipo: "En una misma ocasión una persona que hace negocios con tu departamento te ofrece una camiseta de béisbol valorada en 15 dólares, una gorra de 10 dólares y un póster de 5 dólares, ¿podrías aceptar todos estos regalos?" La respuesta es "no", porque los tres regalos juntos superan el límite permitido de 20 dólares (15 euros) para una misma ocasión y una misma persona.

Hay un encargado de la OEG en cada uno de los 130 departamentos de la Administración que se dedica a resolver las dudas de los funcionarios sobre conducta ética, y 6.400 asistentes que trabajan a tiempo parcial. Su presupuesto es de 10 millones de euros. En 1991, este departamento investigó al jefe de gabinete de George Bush, John H. Sununu, por usar un avión y un coche oficial para sus escapadas desde Washington a una estación de esquí, o a sus citas con el dentista en Boston. Sununu acabó dimitiendo.

El órgano español que se aproxima más a las funciones de la OEG es la Oficina de Conflictos de Interés que, aunque no imparta clases de ética, sí examina las declaraciones de bienes e intereses de secretarios de Estado, ministros y presidente del Gobierno. Aún así, no tiene la independencia ni los poderes suficientes para esta función, reprocha Villoria: "La Oficina está muy politizada, a pesar de la profesionalidad de sus miembros. Su responsable depende directamente del Gobierno, que lo puede destituir a su antojo". En EE UU, el presidente no puede deponer al director de la OEG y puede darse la circunstancia de que no coincida el signo político del presidente con el del director, como ocurre ahora, porque el mandato de éste dura cinco años. Además de la OEG, existe un órgano ético para el poder legislativo, otro para el judicial, y muchos Estados y grandes ciudades han creado oficinas similares.

¿Es EE UU un país menos corrupto desde que se crearon estas agencias? Nadie lo puede asegurar con certeza. La corrupción no suele dejar huella, así que no sabemos cuántos delitos de este tipo se cometen. "Son delitos sin una víctima directamente perjudicada que acuda a denunciarlos, como ocurre en los delitos de sangre", explica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Norberto J. de la Mata Barranco. "Cuando estos casos llegan a los tribunales es gracias a la denuncia de un opositor político o de un competidor agraviado en una licitación. Por eso hay estudios de criminología que estiman que sólo es investigado el 10% de los casos, mientras que, por contraste, casi todos los homicidios acaban siendo conocidos".

"Contar con un departamento como la OEG es mejor que nada", valora Gerald Caiden, catedrático en la Universidad del Sur de California especializado en ética pública, quien opina que, sin embargo, es muy difícil conocer hasta qué punto está siendo eficaz. Caiden, como otros expertos, guarda sus reservas sobre la posibilidad de medir el fenómeno de la corrupción con índices como el de Transparencia Internacional. "Según la mayoría de estudios, EE UU es uno de los 20 países menos corruptos del mundo y los países nórdicos están en lo más alto de la lista de la integridad, pero ¿podemos creernos el milagro que dicen haber conseguido? Esos índices de corrupción no dejan de ser puras conjeturas".

Transparencia Internacional justifica que no hay otro método más fiable para medir la corrupción que comparar las percepciones de los residentes de un país y otro: "La comparación del número de procesos judiciales no reflejaría los niveles de corrupción reales. Más bien pondría de relieve la calidad de fiscales, tribunales y medios de comunicación para sacar a relucir la corrupción". El índice de corrupción de esta ONG reúne datos de 13 fuentes como el Banco Mundial o agencias de calificación de riesgos.

De todos modos, resignarse a aceptar la corrupción sin emplear todos los medios posibles para combatirla no parece la mejor receta. Muchos Ayuntamientos estadounidenses fomentan la integridad de sus concejales con códigos de conducta y talleres de ética. Y qué mejor profesor que alguien que ya estuvo expuesto a la tentación de la corrupción. Judy Nadler, ex alcaldesa de Santa Clara (110.000 habitantes), en California, transmite su experiencia a las nuevas generaciones. "Nada más llegar al cargo de concejal, en 1985, el propietario de un cine local me envió a mi correo un pase gratis ilimitado a su sala", relata Nadler. "Se lo devolví inmediatamente y le dije que mi deber era no aceptar regalos. La historia saltó a la prensa y mis compañeros concejales se vieron forzados a confesar que ellos sí habían aceptado los pases. No hace falta decir que no les caí muy simpática. Pero sirvió para protegernos de un conflicto de intereses venidero porque, al poco tiempo, la misma empresa solicitó al Ayuntamiento la licencia para construir un megacentro de ocio".

En España, donde la mayoría de los casos de corrupción conocida se da en el ámbito local, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) elabora actualmente un código de conducta para darlo a conocer a los 8.112 Ayuntamientos. La FEMP no tiene conocimiento de que ningún municipio, ni siquiera las grandes ciudades, haya elaborado un código ético específico para sus funcionarios. Es más, los delitos de corrupción están aún lejos de ser censurados, quizá porque se confunden con una falsa prosperidad económica. En Alcaucín (Málaga), el alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE), fue aclamado en marzo por sus vecinos cuando la Guardia Civil lo detuvo en su domicilio acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad.