Los municipios carecen de medios para cumplir la Ley de Protección de los Animales

El Parlament aprobó en 2003 la Ley de Protección de los Animales que prohibía a partir de 2007 el sacrificio de perros y gatos, salvo en casos excepcionales por su agresividad, causas humanitarias o enfermedades infecciosas. Seis años después, la ley, luminosa por su carácter progresista, no contenta a casi nadie. Los ayuntamientos dicen carecer de medios para mantener sus perreras y las protectoras lamentan que la Generalitat dicte moratorias para su aplicación. La última fue en diciembre y se acogieron 70 municipios que han obtenido permiso para matar a perros y gatos.

"La gente de otros sitios de España nos dice: 'pero ¡qué bien lo hacéis los catalanes! ¡Qué europeos! Y no saben que la ley es muy bonita pero que cuesta mucho aplicarla porque no hay dinero", lamenta Silvia Serra, directora de la protectora de Mataró. El Departamento de Medio Ambiente se defiende diciendo que 70 no son tantos cuando en Cataluña hay 950 municipios. "Y 40 peticiones para sacrificar fueron rechazadas y 30 no se tramitaron. Sólo se autoriza cuando nos justifican que no pueden gestionar un volumen de animales y que tienen un plan de futuro", matizan en Medio Ambiente. A la última moratoria se ha acogido la Mancomunidad del Penedès y Garraf (23 poblaciones); el Consell Comarcal del Pla de l'Estany (11); el de Vallès Oriental (31) y la Seu d'Urgell, El Prat, Sant Boi, Esplugues, Cerdanyola y Sant Just.

Medio Ambiente autoriza a 70 pueblos a matar a sus perros y gatos

La cifra de perros sacrificados es una incógnita. Los datos que posee Medio Ambiente son de 2005 y la cifra es de 3.500. Y dice que acogerse a la moratoria no siempre supone matar. Eso sí: está a punto de anunciar un decreto que desarrollará la ley y acabará con las prórrogas. Pionera en España, fue aprobada por unanimidad y seis años después los Ayuntamientos se quejan de tener que sufragar el incivismo de quien abandona a sus perros. El año pasado fueron 23.000.

La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Associació Catalana (ACM) denuncian que les han pasado la patata caliente. Según la FMC, el coste de un perro en una perrera pública oscila entre los 8 y los 11 euros diarios. Y en una privada, de 3 a 10. Fácilmente, un Ayuntamiento puede pagar 6.000 euros a una empresa para que le mantenga a 40 perros. Como en un hotel. "Una multiplicación da una idea del dineral que supone", dice Adolfo Moreno, secretario de la FMC. Y avisa de que el reglamento no servirá si no hay más presupuesto y no cambia el hábito de abandonar perros: "El Parlament tiene que reflexionar. A ningún alcalde le gusta sacrificar, pero sin financiación no se puede cumplir la ley". Igual piensan en la ACM: "No han desarrollado en la ley y han traspasado una responsabilidad grande a los alcaldes".

"Todo es mentira: tenemos la ley y no dinero para tener a los animales en condiciones", lamenta Lluís Civil, voluntario de la perrera de Barcelona, que ha visto cómo se evaporaba su futura y lujosa instalación. Pese a eso, Barcelona es una excepción: gasta al año un millón de euros. No todos los municipios, sobre todo los pequeños, y menos en plena crisis, pueden hacerlo. Vilanova, por ejemplo, cerrará su perrera por no poder ampliarla. Las protectoras han puesto el grito en el cielo porque los perros pueden acabar siendo sacrificados en Vilafranca, su nuevo destino. "No siempre se mata", aclara Iolanda Sánchez, (ICV) edil de Vilanova. "En 2004 decidimos no sacrificar pero este año estamos saturados: la ratio es de tres perros por jaula y doblamos la proporción. Ampliar la perrera costaba 500.000 euros y la mancomunidad nos cobra 150.000". Sánchez cree que las protectoras exageran. Pero Mònica Santamans, edil de Molins de Rei, dicrepa: ve "nefasto" el sacrificio, las condiciones de muchas perreras y hace un llamamiento para a fomentar la esterilización y la adopción de los perros.