El Gobierno pedirá al juez que ceda la competencia sobre los piratas a Kenia

Los 14 piratas detenidos en el Golfo de Adén por el petrolero de la Armada Marqués de la Ensenada ya son, en teoría, libres. El juez de Fernando Andreu ha ordenado, no sólo la libertad provisional de los otros siete detenidos el jueves -estos sí, armados hasta los dientes-, sino el final inmediato del arresto al que estaban sometidos por los militares españoles. Mientras, el Gobierno negociaba con Kenia la entrega de todos ellos en aplicación de un acuerdo firmado por la UE con ese país, pese al mandato expreso del magistrado de no hacerlo. A última hora de ayer, el Ejecutivo trató de evitar ese obstáculo: ordenó a la Abogacía del Estado y pidió al fiscal que recurran la libertad y reclamen la inhibición en favor de Nairobi. El trámite se materializará hoy.

El Ejecutivo negocia con las autoridades keniatas la entrega de los 14 somalíes

Trece de los 14 supuestos piratas detenidos permanecen en supuesta libertad pero a bordo del Marqués de la Ensenada. El petrolero militar español continúa en aguas del océano Índico y ha puesto rumbo hacia Kenia siguiendo con su misión de apoyo logístico a los buques de la UE integrados en la Operación Atalanta. Su tripulación se encontraba en la tarde de ayer "a la espera de cumplimentar la orden del juez", según fuentes militares. Los supuestos asaltantes, que fueron detenidos in fraganti, deberían ahora poder moverse libremente por el barco aunque siempre bajo la disciplina del comandante y la tripulación.

El decimocuarto detenido, que fue trasladado de urgencia el jueves al hospital francés de Yibuti a bordo del helicóptero del buque español para ser intervenido de una lesión que se produjo durante su detención, podría, en teoría, salir por su propio pie de ese centro, aunque no es probable que lo haga debido a su condición de extranjero y seguramente indocumentado, en ese país.

Ayer a última hora, la decisión del juez no había sido recurrida aunque el Gobierno había ordenado al abogado del Estado su personación en la causa para recurrir en apelación el auto del juez y lo mismo pidió al fiscal. Sus recursos buscan obtener de la Sala Penal de la Audiencia el permiso para entregarlos a Kenia que el fiscal no logró del juez. Hasta la noche del viernes la fiscalía de ese tribunal mantenía que, pese a la prohibición expresa del juez, los piratas serían cedidos a las autoridades de Nairobi, aunque dejaba la puerta abierta a la posibilidad de reclamar de nuevo la prisión y traerlos a España como había decidido inicialmente el magistrado con el apoyo del fiscal.

Esa misma intención, la de entregarlos a Kenia, es la que, por el momento, mantiene el Gobierno. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer en Córdoba que el Ejecutivo "siempre respeta las decisiones judiciales", pero que en el caso de los piratas somalíes, "la UE suscribió un acuerdo con las autoridades de Kenia para trasladar a aquellos que fuesen arrestados en el mar y ahora se están haciendo gestiones con las autoridades de dicho país para su eventual traslado a Kenia".

Ponerlos a disposición de las autoridades de ese país sin una nueva resolución judicial que lo permita vulneraría lo establecido por Andreu en su auto de libertad. El juez, que mantiene abierto el proceso, sostiene en su resolución que entregarlos al país africano vulneraría los derechos y garantías constitucionales de los presuntos piratas, inmersos en "un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española" en el que se les han imputado "delitos muy graves" y contra los que ya se han adoptado "medidas cautelares".

El artículo 410 del Código Penal, que recoge el delito de desobediencia, castiga con multa de hasta 12 meses e inhabilitación especial a "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales". El castigo para el funcionario público asciende hasta los seis años de cárcel y los 12 de inhabilitación absoluta si el funcionario retuviera a una persona "fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa de delito".

Los primeros siete somalíes, detenidos el miércoles, se llaman Awik Manied Ahmed, Jaamac Clzaandir Taarax, Clawali Barre Cldule, Shariif Cisman Elle, El Raxhan Eabdi Jaamac, Mahad Xirsi Ciise y Nuur Xuseen Manied.