La mitad de las personas dependientes reconocidas reciben la ayuda

Una cosa es que la Administración reconozca el grado de dependencia. Otra es recibir la ayuda. El 16 de mayo la ley de la dependencia cumplirá dos años. Cataluña ha registrado 185.000 solicitudes de personas interesadas en acogerse a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia hasta final de marzo; de ellas, se ha valorado ya a unas 130.000. Aproximadamente la mitad reciben algún tipo de prestación.

A una ley que le cuesta arrancar se suma la crisis, que ha impactado en los servicios sociales. El efecto es un retraso en la fase final de la gestión, los denominados planes individuales de atención (PIA), que especifican qué prestación debe recibir la persona dependiente. "Los ayuntamientos tienen en estos momentos una demanda muy importante para atender temas sociales derivados de la crisis económica. Los equipos de los servicios sociales básicos son los que son y han de atender las demandas de la dependencia, de la crisis...", describe Jordi Tudela, director del programa para el impulso de las ayudas a la dependencia de la Generalitat. Tudela confirma que los trabajadores sociales realizan unas 10.000 valoraciones al mes, pero no especifica cuántos PIA.

El Departamento de Acción Social y Ciudadanía está estudiando un plan de apoyo a los consistorios que permita agilizar la tramitación de estas ayudas, aunque todavía no ha concretado las medidas. "La crisis no afecta a las prestaciones, que están garantizadas, sino al ritmo de trabajo de los servicios sociales. Otras comunidades han preferido alargar los plazos de valoración y en lugar de seis fijan 12 meses. Nosotros no", subraya Tudela, que informa de que el plazo medio de valoración en Cataluña está entre cuatro y cinco meses, y asegura que los casos en que se superan los seis meses -plazo límite marcado por la ley- o más son "aislados".

El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, informa de que ha aumentado el gasto social el 25% y que mantiene un buen ritmo en la gestión de las ayudas. "Hemos blindado la elaboración de PIA", asegura el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Gomà.

Uno de los problemas con los que se encuentra el Departamento de Acción Social y Ciudadanía es la falta de personal. "No tenemos gente que se dedique a los servicios sociales. Vamos a la bolsa de paro buscando estos trabajadores y nos dicen que no hay", denuncia Tudela. La implantación de la ley en Cataluña ha supuesto la creación en dos años de aproximadamente 27.000 puestos de trabajo con contrato o con convenio con la Seguridad Social, entre cuidadoras, trabajadoras sociales y personal de residencia y centros de día.

Mujer sola de 80 años

El perfil de la persona con dependencia es el de una mujer mayor de 80 años que vive en Barcelona o en sus alrededores y tiene una discapacidad física por la edad. "Básicamente nos piden un cuidador. Está pasando lo que los estudios decían: la gente quiere vivir en casa el máximo tiempo posible", explica Tudela. Y precisamente esos cuidadores no profesionales todavía no han empezado a recibir cursos de formación de manera generalizada. El motivo: la financiación de la ley no prevé esos cursos. La Generalitat ultima una plataforma que incluirá los cursos, un teléfono de asistencia y grupos de apoyo.