La Junta presiona para retrasar a 2012 el cierre de Fertiberia

La reunión mantenida ayer en Madrid entre representantes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía intentó despejar el futuro de Fertiberia, la empresa de fertilizantes del Polo Químico de Huelva cuya situación está empantanada desde que la Audiencia Nacional dictaminara en junio de 2007 que la concesión que la factoría gozaba desde 1968 para verter fosfoyesos (subproducto de ácido fosfórico) a las marismas, a unos 500 metros de la ciudad, había caducado.

Al encuentro asistieron la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, por parte del Ejecutivo central, y cuatro consejeros de la Junta: el de Gobernación, Luis Pizarro; Empleo, Antonio Fernández; Medio Ambiente, Cinta Castillo; e Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. Los consejeros andaluces presionaron para que el Gobierno acepte los planes de la empresa y se apruebe un cierre progresivo de la factoría que culminaría en 2012.

En la reunión, que no había terminado al cierre de esta edición, se intentó establecer "una nueva hoja de ruta", según Espinosa, para la empresa de fertilizantes. La idea era cerrar un acuerdo para que haya un cese progresivo de los vertidos de fosfoyesos y que a la vez tenga el menor impacto posible en la situación laboral de los 300 trabajadores de Fertiberia.

Esa "hoja de ruta" se configuró teniendo en cuenta el último plan presentado por la empresa, a petición de la Dirección General de Costas, para cumplir la sentencia.

En ese plan, que ayer figuraba sobre la mesa de reunión, la empresa se compromete finalmente al cese progresivo de los residuos con el horizonte de 2012 en los términos en los que reclamaba Costas (partiendo de una disminución de los residuos del 50% a partir de este mismo año y no del 30% como pretendía la empresa) a la presentación de avales y a la regeneración de la zona degradada por los residuos.

Uno de los principales escollos que ha dilatado el pronunciamiento de Costas ha residido, precisamente, en alcanzar una postura compartida por Gobierno y empresa para determinar cómo se deben ir disminuyendo los vertidos hasta el 2012. La empresa ha tenido que readaptar su plan de cierre tras el rechazo en varias ocasiones de Costas. La última propuesta se analizó en la reunión de ayer.

Los representantes de la Junta defendieron "la ejecución ordenada y progresiva del fallo judicial sin que suponga una salida traumática para los trabajadores".

La Junta ha creado una comisión de expertos que trazará las líneas de cómo se debe recuperar ambientalmente la zona de marismas afectada por los fosfoyesos, cuya balsa ocupa una extensión de 1.200 hectáreas en las que se acumulan unos 75 millones de toneladas de residuos.