La ley de Gobierno no pone límites a la acción del Ejecutivo en funciones

La inexistencia en la Ley de Gobierno vasca de previsiones respecto a los límites de la actuación del Ejecutivo en funciones está facilitando la política de manos libres que viene practicando el tripartito en los dos meses que mediarán entre las elecciones y su abandono del mando. Sin embargo, la reforma aplicada en 1997 a la Ley de Gobierno estatal sí fija prohibiciones y señala que el equipo saliente "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados (...) cualesquiera otras medidas".

El futuro lehendakari, Patxi López recordó ayer que ya emplazó a tripartito en funciones a ceñirse a ese proceder, de modo que el nuevo Gobierno cuente con "un presupuesto que manejar para hacer política". Las numerosas decisiones de última hora del tripartito de Juan José Ibarretxe las considera "intentos de dejarlo todo atado y bien atado", y de recortarle el margen de maniobra. No lo logrará, advirtió, porque su equipo usará "todas las palancas y recursos presupuestarios, incluida la capacidad de endeudamiento, para ponerlos al servicio de las políticas que hay que hacer".

El Ejecutivo central sí tiene constreñida su actuación al entrar en funciones

¿Qué es urgente y quién lo determina? Esa fue la pregunta con la que la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate respondió a los primeros cuestionamientos de acciones del Ejecutivo en estas semanas. Obviamente, y más aún en ausencia de norma expresa, el propio Gobierno.

"La doctrina tiene establecido que urgente, en la situación de funciones de un Ejecutivo, es sólo aquello cuya postergación perjudicaría el interés general", señaló a EL PAÍS el profesor de Derecho Constitucional de la UPV Eduardo Vírgala, partidario de introducir en la Ley de Gobierno vasca previsiones sobre el ejercicio en funciones. Incluso la fórmula establecida para el Gobierno central deja ya un margen grande de discrecionalidad en la interpretación de los conceptos de urgencia y de interés general, pero en el caso vasco ese margen es absoluto.

¿Entra en la calificación de urgente la provisión de 120 millones para apoyo financiero a las pymes en la actual situación de crisis y una vez agotada la cantidad anterior? La respuesta es sí. ¿Están en la misma categoría decisiones como la compra de vehículos, sillas o equipos informáticos, licitaciones diversas o la contratación de la plantilla de un organismo como el Instituto Vasco de Crédito, que estaba sin ella desde su creación hace dos años? ¿Perjudica al interés general -y en ese caso, por qué ahora sí y antes no- el que las subvenciones de Cultura se hubieran convocado en las fechas en que se ha hecho otros años? La respuesta es más bien no. Vírgala señala que habría que analizar decisión por decisión, pero que, exista o no previsión legal sobre los límites de un gobierno en funciones, la guía debe ser "la prudencia política".

Para la parlamentaria socialista Joana Madrigal, portavoz en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, "el frenesí productivo" que posee al tripartito en estas semanas se vuelve en su contra y le deja en evidencia. Sus numerosas y rápidas decisiones actuales, incluso sin entrar en detalles sobre su justificación o no, "demuestran, como poco, que era posible otro modo de actuar más ágil, y, por tanto, que antes se ha movido en la indolencia y ahora lo hace en el sectarismo en el uso de la ejecución presupuestaria", señaló. Para Madrigal la intención es clara: "El Gobierno quiere cumplir, por el procedimiento de dejar prácticamente liquidado el presupuesto, la bravuconada de "gobernar desde la oposición".