La banca avanza el pago a los proveedores de la Generalitat

La morosidad de las administraciones públicas está ahogando a miles de empresarios, pero las compañías y autónomos que trabajan para el Gobierno catalán o para sus organismos y empresas dependientes, que tardan unos 70 días en cobrar sus facturas, lograrán adelantos. La Generalitat ultima un acuerdo con cinco entidades (La Caixa, Banco Sabadell, BBVA, Caja Madrid y Banco Santander) que avanzarán los pagos a los proveedores, aunque con un coste para ellos.

Esta línea de descuentos comerciales, que se conoce en el circo financiero como confirming (aunque este anglicismo es una marca comercial del Santander), ya existe en el mercado desde hace años, pero el pacto que el Gobierno catalán está a punto de cerrar con los bancos establece un precio más atractivo: en lugar de un interés del Euribor más el 4%, que es el promedio del sector, habrá un "descuento considerable", según confirmó el Departamento de Economía y Finanzas. La medida busca aliviar el ahogo financiero que muchos empresarios sufren con el cierre del grifo crediticio, que ahora se quejan más de lo remolona que es la Administración a la hora de pagar.Uno de los posibles beneficiarios sería José Román, gerente del centro sociosanitario concertado de salud mental Nostra Senyora de la Mercè, que factura entre ocho y nueve millones de euros al año a la Generalitat. Según Román, "antes el factoring

Gobierno central y ayuntamientos también han puesto en marcha medidas

[pólizas de circulante] que adelantaban las entidades financieras a las empresas ayudaba mucho", pero las cajas y los bancos también cerraron el puño en este terreno cuando estalló la crisis financiera.

El gerente de Nostra Senyora de la Mercè afirma que este centro puede asumir el plazo de unos 70 días que tarda la Generalitat en pagar las facturas y por el momento no prevé suscribir ninguno de estos créditos, aunque está seguro de que muchos otros se acogerán a las nuevas líneas de financiación.

Además el cierre del grifo crediticio había bloqueado también este tipo de balón de oxígeno para las pequeñas y medianas empresas, que siempre están quejosas de lo remolonas que son las administraciones públicas a la hora de pagar los servicios que les prestan. La Generalitat ha aumentado sus plazos como consecuencia de la crisis económica: si en 2007 tardaba un promedio de 68 días en abonar los trabajos, en 2008, cuando los ingresos públicos fueron 3.405 millones inferiores a lo previsto, el plazo subió a 76 días. No obstante, en 2009 la Generalitat ha vuelto a moderar su tardanza: 74 días en enero y 70 en febrero.

La Generalitat no ha concretado aún el presupuesto de esta iniciativa, pero calcula que permitirá agilizar el pago de unas 30.000 facturas anuales, correspondientes, sobre todo, a los llamados proveedores "recurrentes"; es decir, los que prestan servicios de forma estable, como los de seguridad o sanitarios.

Y es que varias organizaciones empresariales han puesto el grito en el cielo en los últimos meses por la deuda que atribuyen al sector público con sus proveedores, de unos 3.000 millones de euros. La Ley de Contratos del Estado fija un máximo de 60 días para pagar y todo lo que excede de este plazo es morosidad y comporta unos intereses variables.

La Generalitat asegura que Cataluña es la primera comunidad autónoma que pone en marcha esta medida, aunque otras administraciones ya se han puesto manos a la obra, como en el caso de Sant Cugat del Vallès. Este Ayuntamiento también cerró una operación de confirming y se comprometió a pagar a los proveedores en un plazo inferior a 30 días. Y en la propia banca, el Banco Sabadell, por ejemplo, ha intensificado su actividad de confirming para los proveedores de ayuntamientos (como el de Sant Cugat) en 30 días.

Es más que un alivio. Un estudio de la patronal Pimec sostiene que una rebaja -generalizada, no sólo para administraciones- en los plazos de pago de 90 a 30 días supondría una reducción de los costes financieros para las pymes de 1.100 millones anuales.

El Gobierno central también ha movido ficha tras una resolución aprobada por el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que garantice el cobro de las deudas pendientes de las corporaciones locales, que son las más morosas. La línea de avales del ICO sumará unos 3.000 millones de euros.