Una auditora indemnizará con 1,5 millones a cooperativistas de Santiago

La cooperativa de viviendas PSV presentó suspensión de pagos en 1993 con una deuda de 200.000 millones de pesetas. El sindicato UGT se vio obligado a hacerse cargo del proyecto, del que formalmente sólo tenía el 47% de las acciones. 328 afectados de los 20.000 sufrieron esa quiebra -hoy miembros de la Cooperativa de Fontiñas, en Santiago- tuvieron que pagar más de 232 millones de pesetas (1.396.873 euros) en concepto de derrama para poder liberarse de la suspensión de pagos y continuar con la edificación de sus viviendas. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia por la que estima el recurso de apelación presentado por estos vecinos y que había sido desestimado en primera instancia. El fallo les reconoce, aunque ocho años después, el derecho a cobrar la cantidad de la derrama.

La clave está en que los abogados de los cooperativistas dirigieron la reclamación contra la auditora Ernst & Young. Los informes que la empresa elaboró en 1991 y 1992 no advertían a los cooperativistas ni a los directivos de PSV de una crisis financiera inminente que pudiera conllevar una suspensión de pagos. La auditora, por lo tanto, había incumplido sus compromisos con los cooperativistas porque los privó de información. Ernst & Young escondió a los afectados, por ejemplo, que PSV estaba siguiendo un sistema de caja única para todas las promociones de España. Es decir, que si una, por ejemplo, de Valladolid, tenía pérdidas, otra de A Coruña podría verse perjudicada por ello.

Errores en la auditoría

La sentencia, del 17 de marzo, reconoce que la empresa auditora actuó de manera negligente. Que, si bien no fue la única causa de la suspensión de pagos, sí influyó en la crisis. Sobre todo en el caso de la Cooperativa de Fontiñas, porque cuando la auditora emitió los informes, los pisos todavía no se habían empezado a construir. Si en ese momento los cooperativistas hubieran conocido la verdadera situación financiera de PSV, no hubieran iniciado la construcción y no hubieran sufrido daño alguno.

Además del dinero que los cooperativistas abonaron para salvar sus viviendas (1,3 millones de euros), la consultora Ernst & Young deberá pagarles 28.064 euros en concepto de perjuicios. La cifra total asciende a casi un millón y medio de euros, más de 4.000 por persona.