El Consejo Consultivo respalda la ley de muerte digna
El anteproyecto de la ley andaluza de muerte digna ha salvado uno de los últimos pasos que tenía pendientes en el proceso de su tramitación. El Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó a favor del texto en su última reunión, celebrada el pasado 2 de abril. El aval del Consultivo salió adelante con dos votos particulares disidentes y uno concurrente, según informó ayer este organismo a través de un comunicado.
Según el dictamen emitido por el Consultivo, la Junta de Andalucía "tiene competencia" para dictar una ley como la de muerte digna, denominada oficialmente Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de la Muerte.
El órgano presidido por Juan Cano Bueso considera también que el proceso de elaboración de la nueva ley se ha ajustado a las normas legalmente establecidas.
En cuanto al contenido del anteproyecto de ley, el Consultivo ha formulado algunas indicaciones técnicas para favorecer "una mejor comprensión del texto normativo". Además, el dictamen incluye algunas observaciones destinadas a "resolver problemas de seguridad jurídica".
Precedente
El informe del Consejo Consultivo reproduce parcialmente la observación jurídica desgranada en el dictamen redactado por este órgano en febrero de 2007 para avalar la retirada del respirador artificial que mantenía con vida a Inmaculada Echevarría. La mujer, que padecía una enfermedad degenerativa y necesitaba la ayuda de una máquina para respirar, consiguió que le retiraran el respirador dos semanas después de que el Consultivo respaldara su petición.
Al margen de los tres votos particulares, entre las cuestiones que más debate suscitó entre los consejeros que evaluaron el anteproyecto de ley está el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. El texto sometido a examen recoge este derecho, pero los consejeros del Consultivo analizaron si recogía suficientes garantías para el ejercicio de este derecho.
Una vez solventado este trámite, el anteproyecto de ley podrá ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno para iniciar después el debate parlamentario.
