España ultima un 'atajo' financiero
El alivio de la situación financiera de miles de pequeñas y medianas empresas lastradas por el retraso en los pagos de la Administración era una de las prioridades en la agenda del ya ex vicepresidente de Economía, Pedro Solbes. Y es uno de los asuntos más apremiantes para su sucesora, Elena Salgado.
Las organizaciones empresariales consideran que la morosidad de Gobiernos y sociedades públicas es determinante en el cierre de una de cada cuatro empresas. En el año 2008, más de 2.500 empresas tuvieron que recurrir a un concurso de acreedores.
"Es una situación límite", denunció hace un mes Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme. Según los cálculos de diversas patronales, la Administración debe a las empresas unos 40.000 millones de euros. Bárcenas aseguró que más del 60% de las pymes que proveen al sector público sufren retrasos de pago superiores a los 180 días.
La ley española, de 2004, aprovecha un régimen excepcional incluido en la directiva que ahora se quiere reformar para fijar el plazo de pago en 60 días para las contratas de obras y servicios. Sólo en el caso de alimentos y otros productos perecederos se aplica el límite general de 30 días. A lo que excede de esos plazos se le aplica un recargo cercano al 10%.
El Ministerio de Economía baraja avalar el pago de la deuda municipal, la Administración más morosa. Ese aval permitiría a las pymes pedir crédito con el futuro pago como garantía, una línea de financiación que los bancos habían cerrado a cal y canto. Y estudia incluso adelantar el dinero a través del Instituto de Crédito Oficial, aunque eso requeriría cambiar la Ley de Haciendas Locales.
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