El bipartito frenó la deuda de la Xunta pero disparó la de empresas públicas

Durante toda la legislatura el bipartito ha presumido de gestionar con austeridad el dinero público. Y una cosa es cierta: en números redondos, Galicia ha pasado de ser la tercera comunidad más endeudada de España a la cuarta posición, superada por las desorbitadas cifras de Valencia, Cataluña y Baleares. También lo es que los niveles relativos de deuda son hoy prácticamente los mismos que hace cuatro años.

Hay maneras y maneras para financiarse y evitar, al mismo tiempo, eludir las reglas que limitan el crédito. El presidente en funciones, Emilio Pérez Touriño, sacó pecho ayer al asegurar que deja "unas cuentas con menos endeudamiento, más saneadas". Una verdad a medias, ya que toma como referencia la deuda consolidada, sin tener en cuenta la que han contraído las empresas públicas. Según el Banco de España, Galicia debía a 31 de diciembre 3.894 millones de euros, el 6,9% del PIB regional. Cuatro años antes, la cuenta ascendía a 3.397 millones, un 14% menos, pero cuatro décimas más sobre el PIB.

Los organismos autonómicos captaron 305 millones de euros

La Administración autonómica contuvo sus necesidades de financiación y utilizó a cambio un mecanismo extrapresupuestario que se gestó en la época de Manuel Fraga: las sociedades con capital público. Sus necesidades de financiación crecieron un 1.425% entre 2005 y 2009. Es decir, se multiplicaron por 15, pasando de los 20 a los 305 millones de euros al cierre del mes de diciembre. Sus números rojos representan el 0,5% del PIB y el 10% de la deuda total de la Administración.

Curiosamente, la crisis no agudizó la búsqueda de liquidez. Al contrario, fue en el segundo año de gobierno, en 2006, cuando se disparó el gasto de las empresas, que pasaron de golpe a pedir prestados 158 millones de euros frente a los 20 de un año antes.

La captación de recursos se articuló desde una maraña de sociedades con fines bien distintos. Sin precisar los números de cada una, en la lista que maneja el Banco de España figuran desde la Academia Galega de Seguridade a Augas de Galicia, centros contraincendios, la Compañía de Radio Televisión de Galicia, consorcios, fundaciones para el desarrollo comarcal, las universidades, los institutos de Estadística, Vivenda y Consumo, la Fundación Semana Verde de Galicia, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade o el Igape, instrumento inversor dependiente de la Consellería de Economía.

Este último fue especialmente activo en el inicio de la crisis al poner a disposición de las pymes más instrumentos para inyectar liquidez.

Gracias a la actuación de todas las sociedades de capital público, la Administración pudo seguir invirtiendo y manteniendo los servicios como complemento de los ingresos fiscales y las transferencias del Estado. Pero también se hipotecó un poco más, comprometiendo la sostenibilidad futura de sus finanzas, un legado con el que ahora tendrá que lidiar el nuevo gobierno del Partido Popular y que, gracias a tipos de interés muy moderados, no conllevará elevados gastos financieros. Sobre la deuda global, los bancos y cajas de ahorro son los principales acreedores, con un saldo de 848 millones de euros.