Poder elegir sobre el aborto

Señora presidenta:

El principal objetivo de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Éstos han sido reconocidos como parte de los derechos humanos proclamados por la ONU, y reconocidos por el Estado español en los acuerdos internacionales y en nuestras leyes fundamentales.

Entre ellos queremos destacar el derecho a decidir sobre los hijos que se desean y el momento de tenerlos. El Estado, a través de los organismos sanitarios públicos, debe garantizar este derecho en su máximo nivel.

Nuestra asociación considera que en la Comunidad de Madrid no se han dedicado los esfuerzos suficientes que garanticen estos derechos básicos, sobre todo en lo referente a la planificación familiar y la prevención del embarazo no deseado, lo cual tiene repercusiones graves sobre nuestra población.

Criminalizar esta práctica sólo sirve para aumentar la angustia de la mujer

Existen grandes dificultades en el acceso a la anticoncepción

En 2007 se produjeron en nuestra Comunidad 26.432 interrupciones voluntarias del embarazo, algo más del 25% del total de España. De ellas, 2.520 en chicas de 14 a 19 años. Actualmente en la Comunidad de Madrid se registra la tasa más alta de interrupciones de embarazo del Estado español (14,68/1.000, Boletín epidemiológico de la Comunidad, número 14, abril de 2008), más del doble que hace 10 años y por encima de la media nacional.

Según esos datos, en los dos años anteriores, el 72,6% del total de las mujeres que han recurrido al aborto, no habían acudido a ningún servicio para el control de la anticoncepción; esta cifra es mayor que en años precedentes.

Ante ello, no cabe rasgarse las vestiduras e invocar la prohibición y la condena de los actores de estos hechos (mujeres y médicos que los realizan) y recomendar la abstinencia. Criminalizar el aborto sólo sirve para aumentar la angustia y el sufrimiento de las mujeres que deciden recurrir a practicarlo. Sería necesario preguntarnos por qué ocurre, qué es lo que ha llevado a todas estas mujeres a esta situación, cómo lo han vivido y sufrido y, lo más importante, qué se está haciendo para prevenir este importante problema de salud pública.

Quiero contarle la historia de una de ellas, Isabel, de 29 años, gestante de 18 semanas, y que desea este embarazo. En la visita del segundo trimestre le han diagnosticado que el hijo que espera sufre una malformación incompatible con la vida, pero el hospital donde se lo han descubierto no quiere saber nada de interrumpir ese embarazo; no le dan ninguna indicación, ni siquiera aceptan firmar el documento que acredita la malformación para interrumpir la gestación acogiéndose a los supuestos legales. Lo único que le dicen es que busque en el periódico cuáles son las clínicas autorizadas para practicar esta intervención. No hay explicación ni apoyo. ¿Se garantiza así el derecho a la interrupción de embarazo reconocido en nuestra legislación?

Vayamos ahora al terreno de la prevención. Existen grandes dificultades en el acceso a la anticoncepción, tanto a los métodos, como a los servicios que los proveen. Los métodos modernos son caros y no están financiados por el sistema público de salud. La anticoncepción de urgencia o píldora del día después, que podría evitar un gran número de abortos, no se facilita en los servicios de urgencia, ni en muchos centros de salud y conseguirla es una empresa agotadora a la que se someten cada fin de semana muchas parejas.

Tampoco existen recursos públicos específicos para la atención en problemas relativos a la sexualidad ni existe una intervención educativa adecuada en este terreno. Se han cerrado centros públicos de planificación familiar y el Centro de Planificación Familiar Peña Gorbea, de larga tradición, se ha convertido en una consulta de ginecología general.

El Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad, que atiende a jóvenes en salud sexual y reproductiva y que gestiona nuestra asociación, en la calle de San Vicente Ferrer, 86, atraviesa por serias dificultades económicas que ponen en peligro su continuidad.

En nuestra asociación creemos imprescindible un plan que garantice los derechos sexuales y reproductivos de todos los madrileños y madrileñas en condiciones de igualdad en todas las áreas sanitarias y con la dotación económica necesaria. En este plan debe contemplarse la mejora de la accesibilidad a todos los métodos anticonceptivos a los grupos sociales más vulnerables en este ámbito: población joven y población inmigrante.

Consideramos también imprescindible la puesta en marcha de un programa estratégico en educación sexual, dentro del currículo escolar, dirigido no solamente a la población adolescente-joven, sino también al profesorado. Creemos que pueden y deben ponerse en marcha estas medidas y estamos convencidos de que ello sería un gran avance para el bienestar de todos los madrileños.

Concha Martín Perpiñán es ginecóloga y presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid