Balcón con vistas a la industria peligrosa

En Mugardos, Luz Marina Torrente se aficionó a contar gaseros desde la ventana de su cocina. En los últimos dos años ha visto pasar 42 buques cargados con toneladas de gas natural y detenerse frente a su casa. La única regasificadora de Galicia está a muy pocos metros de su vivienda. Como ella, el resto de los vecinos de la parroquia de Mehá todavía no salen de su asombro. Llevan casi una década protestando contra la planta de gas pero sus movilizaciones no impidieron que Reganosa construyera una terminal junto a un centenar de viviendas, al sur de la ría de Ferrol.

"Gobierne quien gobierne, la planta sigue creciendo y sigue aumentando el riesgo" explica Torrente, presidenta de la asociación vecinal de Mugardos, "es triste ver que el interés económico pasa por encima de las leyes". Reganosa, participada por la Xunta con un 10% de accionariado, empezó a operar en mayo de 2007 y aspira a duplicar su capacidad hasta generar 825.000 metros cúbicos de gas cada hora.

Los médicos le aconsejan vender. "¿Pero quién querrá mi casa?", dice ella

Recibieron una guía de la Xunta para reaccionar en caso de emergencia

Por si fuera poco, la regasificadora linda con Forestal del Atlántico, un complejo petroquímico del grupo Tojeiro, impulsor y accionista de Reganosa. Para el Comité Cidadán de Emerxencia, que agrupa a los opositores a la terminal, la planta de gas es "una amenaza para la vida" y Forestal "una bomba química de destrucción masiva". "Tenemos dos de las empresas más peligrosas de Galicia metidas en medio de las casas" insiste Torrente, "yo misma tengo el gasoducto pegado a la cimentación de mi casa, bajo el jardín".

Cuenta que los vecinos de Mugardos y algunos de Ares recibieron el comprometido Plan de Emergencia Exterior (PEE) en el buzón de sus casas en un sobre cerrado con el membrete de la Xunta y una guía magnética para adherir a la nevera con recomendaciones para reaccionar ante una emergencia: cinta aislante para sellar ventanas y puertas, linterna y pilas. Más de un vecino critica el plan "chapucero". Se sienten indefensos ante cualquier imprevisto por mucho que suenen las sirenas que se instalaron por el municipio.

Al norte de la ría de Ferrol, la siderúrgica Megasa está encastrada entre bloques de viviendas en la desembocadura del río Xubia (Narón). Figura en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Gobierno central, junto con Forestal del Atlántico, y los humos de su chimenea "ambientan" el municipio naronés.

La planta arrancó en los 50 como una tornillería familiar y cerró 2008 con 243 empleados y una producción de 750.000 toneladas de hierro. Durante décadas, la única entrada a la fundición era por el medio de las viviendas, en un traqueteo continuo de camiones y polvo de chatarra. Medró la fábrica y aumentaron las quejas vecinales encabezadas por los vecinos de la calle Somozas. Megasa abrió una entrada alternativa, se rodeó de un paseo marítimo y está hoy tan mimetizada con el barrio que a pocos les llama ya la atención. "El olor, el ruido, el polvillo siguen", reconocen desde el Comité de Empresa.

A orillas de la ría de Pontevedra, el complejo industrial de ENCE rompe con el paisaje costero mientras la parroquia de Lourizán disputa una guerra silenciosa entre los que apoyan la continuidad de la pastera y los que defienden su traslado. "Aquí no hay gente nueva y nadie quiere construir, estamos los de siempre". Habla Mª Teresa Pérez, que heredó la casa de su madre, como Consuelo Veiga, que habita la finca que le dejó su abuelo. Ésta, con 75 años cumplidos, es la más enérgica opositora a la planta y una de las pocas que recuerda la playa de Lourizán antes de los rellenos. Hoy, enormes montículos de astilla borran todo rastro de aquello.

Junto a la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) han presentado tres denuncias ante el juzgado y varias al Seprona por ruidos, olores, vertidos y emanaciones gaseosas. "Los olores han mejorado", conceden, "ahora lo peor es el polvillo de la astilla, sobre todo cuando hay viento". Después de unos días fuera, Lourizán les recibe con inevitables irritaciones oculares. "Es cuando más lo notamos", apunta Teresa. Y no sólo ellas, sus huertas también padecieron los efectos de la pastera. "Hace años, ENCE nos indemnizaba por los sembrados, se moría todo" por "la lluvia ácida". "A mí me dieron 50 euros por varios frutales y un sembrado de patatas. Ya no volví a pedir nada más", espeta indignada Consuelo. El agua es otra batalla. Unas se inclinan por comprarla embotellada y otras, como Chelo, han instalado un purificador para poder beber del grifo. "Aquí todos tenemos pozos pero lo que hay ahí abajo cualquiera sabe".

Las fincas "no tienen valor ninguno". Lo sabe bien la familia de María Peón, que tuvo que marcharse por su alergia al mercurio y "les costó mucho vender la casa", cuentan desde la APDR. Lo que pasa es que "un 80% de la que gente de aquí tiene a alguien en la fábrica y no dice ni pío". El ruido, sobre todo de noche, es otro inconveniente también denunciado sin éxito. Consuelo culpa de sus graves problemas respiratorios (acaba de superar una angina de pecho) al polvo de la astilla. "Me decían los médicos que para andar por fuera me pusiera mascarilla". Lo mejor para su salud, le recomiendan, es que venda la casa y se vaya. A lo que Consuelo contesta: "Sí, doctor pero ¿quién me la quiere?".

El pazo de San José, catalogado como bien protegido, está pegado a tres enormes tanques en los que, cerca de la refinería de Bens, a la entrada de A Coruña, la Compañía Logística de Hidrocarburos almacena combustible para su distribución por toda Galicia. Sólo una valla de alambre separa los muros del caserón de esos depósitos de 6.000 metros cúbicos cada uno y considerados legales a todos los efectos después de perder los dueños del pazo una batalla jurídica que duró más de una década.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó derribar esos tanques antes del 3 de julio de 2008. Pero el Ayuntamiento de A Coruña se apresuró a tramitar una nueva licencia para unos depósitos que declaró de "utilidad pública". Finalmente, el alto tribunal, aceptando un recurso de las autoridades municipales, anuló su orden de derribo por considerar que eran instalaciones legalizadas, con todos los vistos buenos, incluido el de la Consellería de Medio Ambiente.

Estos tanques de hidrocarburos son sólo una parte de las sucesivas ampliaciones de la refinería instalada desde hace cuatro décadas en una de las entradas de A Coruña y que fue creciendo y acercándose a núcleos como el barrio coruñés de O Ventorrillo o el de Meicende, en Arteixo. Zonas residenciales sobre las que no parecen tener ningún efecto el artículo del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas que establece, "como regla general" que toda industria "molesta o insalubre sólo podrá emplazarse a una distancia de 2.000 metros" del núcleo de población más próximo.

El aeropuerto coruñés de Alvedro también está rodeado de zonas residenciales. Y su ampliación, pendiente del estudio de impacto ambiental, tiene en vilo a muchos vecinos no sólo de Culleredo, donde se asienta el aeródromo desde 1963, sino incluso del cercano municipio de Oleiros. Su alcalde, Ángel García Seoane, se ha puesto en pie de guerra por un informe de Aviación Civil que obliga a prohibir la edificabilidad en zonas ya muy pobladas, como Santa Cruz, Montrove o Dorneda, al considerarlas afectadas por la huella sonora que supondría la ampliación del aeropuerto. Y los edificios y casas ya existentes deberán ser insonorizadas.

Ruidos atronadores de los aviones, ventanas que tiemblan y fuertes olores a queroseno son inconvenientes con los que los vecinos de Alvedro están habituados. Una treintena de casas de Culleredo se verían directamente afectadas por este proyecto de ampliación del aeropuerto. No es el caso de los residentes en chalets que, en el extremo de la pista de aterrizaje, viven con vistas a la enorme pantalla de columnas que conforman el sistema de navegación ISL. Unos vecinos que, al margen del ruido, andan preocupados por las emisiones de ese sistema, similar al de una antena de telefonía móvil. Hace interferencias con sus mandos a distancia para abrir coches o puertas de garaje.