17 años conviviendo con la depuradora ilegal

Los vecinos de Reza, en las afueras de Ourense, abren las ventanas e inhalan el olor de los detritus que genera una población de 110.000 habitantes. Desde hace 17 años conviven con la depuradora de la ciudad, algunos a 200 metros. En 2006, el Tribunal Superior de Xustiza la declaró ilegal y ordenó su derribo, dando por buena otra sentencia que en 2003 ya había anulado la licencia concedida el año anterior por el ayuntamiento del PP. El gobierno local de Cabezas autorizaba así una obra heredada de la etapa socialista de Veiga Pombo. El permiso ponía fin a 10 años de actividad sin licencia.

Tres años después de la sentencia firme, los vecinos siguen conviviendo con la planta. El bipartito que sustituyó al PP en el ayuntamiento aprobó un proyecto que supone su traslado a 250 metros de la planta ilegalizada. Su acuerdo se topó otra vez con la Justicia. Los vecinos recurrieron y un auto de febrero de este año declaró, de nuevo, nula la elección municipal y ordenó el derribo. El ayuntamiento ha recurrido.

La depuradora de Vigo, inaugurada en 1998, se implantó en medio de viviendas, alguna de ellas adosada al propio muro de la planta. Todas las de su capacidad depuradora ocupan el doble de superficie. En todos estos años se han sucedido numerosos episodios de contaminación por olores y subsiguientes manifestaciones de protesta, que no han cesado hasta hoy. En varias ocasiones ha sido necesario realojar en hoteles durante unos días a 20 o 30 familias. Los vecinos han emprendido un contencioso contra el proyecto de nueva depuradora porque no creen, como se asegura oficialmente, que no vaya a contaminar. No hay constancia de que ningún vecino vaya a ser erradicado.