Las subvenciones a los colegios privados crecen un 30% en siete años

El nuevo Departamento de Educación va a tener sobre su mesa una patata caliente nada más eche a andar. El viejo debate sobre la financiación de los centros educativos concertados se reabrió en el tramo final de la pasada legislatura. Las ikastolas de la patronal Partaide y los colegios concertados religiosos, agrupados en torno a Kristau-Eskola, lograron arrancar de la consejería dirigida por Tontxu Campos, de EA, un compromiso para financiar íntegramente la red privada. Ambas patronales, que escolarizan al 51% de los estudiantes vascos, recalcan que el departamento se comprometió a aumentar sus subvenciones para ajustarlas al servicio educativo que cumple esa red y certificar así la máxima de las dos entidades de que la educación es un servicio que se imparte en dos redes. Y, por tanto, la financiación debe ser idéntica y llegar al 100% de sus gastos, ya que sus centros cumplen una labor educativa y social similar a los públicos. En total, reclaman un incremento de 150 millones de euros al año sobre los 550 millones anuales que ya reciben en la actualidad.

Las dos patronales se aferran a un pacto con el actual equipo de EA

Como punto de partida de ese supuesto acuerdo logrado en el último segundo y con el Parlamento ya disuelto, el Consejo de Gobierno aprobó en febrero pasado una primera inyección de 14 millones de euros para financiar las figuras de tutor, orientador y consultor en los colegios de la red concertada. "El acuerdo deberá tener necesariamente continuidad, a pesar de que nos encontramos al final de la legislatura", advirtieron entonces los representantes de Partaide y Kristau-Escola. Este pacto sólo compromete a los actuales miembros del Gobierno en funciones, pero se convertirá en toda una referencia reivindicativa para el futuro de las patronales del sector.

Aunque las dos patronales insisten en que las subvenciones públicas sólo cubren entre el 70% y el 80% de sus gastos -el resto lo completan con las cuotas que cobran a las familias-, un repaso de la evolución de la financiación gubernamental a través de los conciertos educativos permite constatar que entre 2003 y 2009 el incremento del módulo básico (lo que un colegio percibe por cada una de sus aulas) ha crecido en torno al 30%.

Por ejemplo, de los 46.678,07 euros que recibía por término medio una clase de Infantil en un colegio concertado en 2003 para sufragar el coste de su profesorado y otros conceptos (gastos de personal, de funcionamiento, de reposición e inversiones), este año se ha pasado hasta los 61.093,87 euros. Por una clase de Primaria, la subvención ascendía en 2003 a 49.429,48 euros y este año llega ya a los 64.096,89.

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario entre los docentes de la red pública, advierte de que la financiación a través de los conciertos sólo es la "básica", pues las patronales de la privada disponen de otros cauces para lograr más subvenciones. Es el caso de las ayudas extraordinarias de Educación fuera de concierto o de la financiación procedente de las diputaciones, ayuntamientos o los consorcios de FP.

El incremento en la financiación sólo puede justificarse, según CCOO, si los centros concertados hacen esfuerzos para garantizar "sin exclusión alguna" el derecho a la educación gratuita, homologan las condiciones laborales de los trabajadores de ambas redes y si la contratación de personal por los colegios privados se sujeta a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad existentes en cualquier servicio público.

Koldo Tellitu, presidente de la Confederación de Ikastolas, apunta que una de las prioridades para estos centros concertados durante la próxima legislatura será la aprobación de una ley que abarque al conjunto del sistema educativo vasco y suponga su reformulación como "un único servicio de titularidad plural", en el que cada centro se defina por lo que ofrezca y no por su titularidad. A ese respecto, "habrá de activarse en toda su plenitud el concepto de centros sostenidos con fondos públicos".

Desde Kristau-Eskola, su presidente, Aitor Bilbao, incide en que el sistema educativo necesita establecer una financiación que cubra "las necesidades básicas reales de todos los centros" para hacer posible "la equidad y una educación de calidad, una financiación con vistas a garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias y de los alumnos".