La juez del 'caso Prestige' concluye que fue correcto alejar el barco de la costa

La Administración española ha quedado excluida, al menos de momento, de responsabilidad en la catástrofe del Prestige, el viejo petrolero que al accidentarse frente a Fisterra en noviembre de 2002 tiñó de negro tres mil kilómetros de costa, desde la desembocadura del río Miño en Galicia hasta el Canal de la Mancha. La juez de Corcubión (A Coruña), Carmen Veiras, concluyó la procelosa y voluminosa instrucción de la mayor causa por delito contra el medioambiente abierta en España considerando que no cabe imputar delito alguno al que era director general de Marina Mercante, José Luis López Sors, cuando ocurrió el siniestro.

La titular de este pequeño juzgado de A Costa da Morte entiende, tras analizar los 289 tomos y 192.311 folios de una instrucción que tardó en cerrarse seis años y cuatro meses, que el entonces alto cargo del Ministerio de Fomento actuó correctamente al decidir alejar de la costa, en medio de un fuerte temporal, al barco dañado y vertiendo toneladas de fuel. Y la juez también exculpa a la Administración por el errático y cambiante rumbo que tomó el petrolero siniestrado durante los seis días que estuvo navegando, antes de partirse y hundirse a 250 kilómetros de las islas Cíes.

Para la instructora del sumario, sólo son responsables de esta catástrofe tres cargos de la tripulación del barco, sin recursos económicos para afrontar multas que podrían ser millonarias: el capitán, Apostolos Mangouras, y el jefe de máquinas, Argiropoulos Nikolaos, ambos ciudadanos griegos, son imputados por un delito contra el medio ambiente y otro por desobediencia. El primer oficial del Prestige, el filipino Irineo Maloto, también es acusado de atentar contra los recursos naturales. La juez instructora deberá ahora recibir los escritos de acusación y defensa de los 1.000 personados en esta causa, entre ellos 109 perjudicados franceses, el Estado galo y ocho ayuntamientos del país vecino.

La juez de Corcubión considera en su auto que las abundantes diligencias judiciales practicadas desde 2003 demuestran suficientemente que la decisión más cuestionada del entonces Gobierno de Aznar para afrontar esta catástrofe, como fue la de alejar de la costa al viejo petrolero herido, "fue prudente y razonable a la vista de las circunstancias del caso".

"No puede entenderse que la decisión de alejar el barco fuese un factor de agravación del riesgo ya generado", concluye la juez. Apoya su decisión en un informe pericial que calcula que el Prestige, al accidentarse el 13 de noviembre de 2002 frente a Fisterra, ya vertió de inmediato al mar 23.500 toneladas de fuel. Carmen Veiras considera además que la Administración española "manejaba información correcta" sobre los daños y estado del barco, por lo que actuó bien al rechazar que fuese llevado hasta un puerto de refugio. "No cabía otra opción que denegarlo", afirma la juez.