Menores inmigrantes denuncian maltrato en un centro vasco

Cerca de una veintena de menores inmigrantes enviados por la Diputación de Guipúzcoa al centro de acogida del municipio de Deba han acudido a los tribunales y a la fiscalía para denunciar malos tratos y vulneración de sus derechos por parte del equipo educativo del centro. El 3 de marzo, una decena se personaron en el Juzgado número 1 de San Sebastián para formalizar su denuncia, presentando partes médicos del Servicio Vasco de Salud que acreditan lesiones en dos chavales. El día 11, otra decena acudió a la Fiscalía de Menores, acompañada por la ONG SOS Racismo, para relatar la pésima situación que, según su testimonio, viven en el centro. El ente foral, que habitualmente resta credibilidad a los testimonios de los chavales, suele alojar en Deba a los que considera conflictivos. Muchos de ellos duermen desde entonces en la calle. No quieren volver.

Sus testimonios ante el ministerio público, a los que ha tenido acceso este periódico, relatan cómo un educador estampó la cabeza de uno de ellos contra un árbol después de que varios se negaran a fregar el suelo, que el maltrato y los insultos son recurrentes y las condiciones del centro, deficientes. Agregan que los educadores no les dejan acudir a los talleres profesionales en los que ponen sus esperanzas de una mejor vida. Aseveran que en varias ocasiones la dirección del centro les presionó para que firmaran el alta voluntaria y se fueran a otra comunidad autónoma, amenazándoles con devolverles a Marruecos (cerca del 80% vienen de allí) o prometiéndoles un billete de autobús para su nuevo destino. SOS Racismo asegura que esta práctica es habitual en Guipúzcoa.

Las comunidades autónomas y las diputaciones forales son las encargadas de su tutela en el País Vasco. Y los entes forales reconocen que están desbordados ante la llegada de jóvenes -hay más de 200 en Guipúzcoa- y piden al Gobierno central que tome cartas en el asunto, alegando que es injusto que las autonomías que crean recursos para estos chavales sean las únicas que asuman el problema.

La diputada guipuzcoana de Política Social, Maite Etxaniz, comparecerá ante el legislativo provincial, las Juntas Generales, para explicar su versión de los hechos. La fiscalía no quiso aclarar ayer si abrirá diligencias.