Dimite el fiscal anticorrupción que investigaba los bienes de los Kirchner

El responsable de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, encargado de perseguir los delitos de corrupción de los funcionarios, presentó en la noche del jueves su dimisión, cuatro meses después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmara una resolución acotando las facultades de su fiscalía. Garrido, de 45 años, considera que las nuevas condiciones reducen su oficina a un papel "casi intrascendente".

El fiscal se había significado en los últimos cinco años por sus denuncias contra varios ministros y había impulsado una investigación sobre el incremento de los bienes de la propia presidenta, Cristina Fernández, y de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. En el índice de percepción de corrupción que elabora Transparency International, y en el que se analizan 180 países, Argentina ocupa un penoso puesto 109, peor que Brasil (80), México (72), Colombia (70) o del muy cercano Uruguay (en un decoroso puesto 26).

La justicia tarda 14 años en tramitar las causas por corrupción

"Existe impunidad casi absoluta para robar al Estado", afirma el ex fiscal

Garrido, al que el Gobierno ha acusado repetidamente de excesivo protagonismo mediático, afirma que se marcha de la fiscalía harto de "sufrir infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales", en un país donde, afirma, "existe impunidad casi absoluta para robarle al Estado". Denunció también un recorte paulatino de medios hasta el extremo, dijo, que no se ha podido levantar la puerta del garaje de su oficina, que se desplomó hace cuatro meses.

El fiscal se reunió hace pocos días con el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, y el presidente de la Auditoría General, Leandro Despouy, en un intento por formar una especie de frente anticorrupción y debió llegar a la conclusión de que no tenía posibilidades de éxito. Mondino cesa en diciembre próximo y ya se sabe que será sustituido por un dirigente afín a los Kirchner. Despouy se ha quejado ya repetidamente de la falta de apoyo para controlar las cuentas del Estado.

La dimisión de Garrido coincide, además, con la polvareda levantada por unas declaraciones del obispo Eguía Seguí quien, de visita en Roma, declaró que "en Argentina, la corrupción está institucionalizada. En sus intentos por quitar importancia a las declaraciones de su colega, otro obispo, Eduardo García, puso la guinda: "Se está dando demasiada trascendencia a algo que se sabe desde hace tiempo, que no se refiere a una realidad particular, sino a todos los ámbitos de la sociedad...".

La percepción de corrupción es, efectivamente, muy alta en Argentina, donde el hipotético latrocinio de políticos, sindicalistas y militares forma parte de la conversación diaria del ciudadano medio. Los periódicos y revistas informan día a día de presuntos casos de enriquecimiento inexplicable sin que esas denuncias parezcan acarrear consecuencias (ni para los denunciantes ni para los denunciados).

La justicia -falta de medios, según unos, o parcialmente mediatizada por el poder político, según otros- sufre grandes demoras en la tramitación de las causas por corrupción. Catorce años de media, según el Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica. Sólo va deprisa cuando el denunciado es destituido, algo poco frecuente. Fue el caso, sin embargo, de la ministra de Economía Felisa Miceli, procesada por el descubrimiento de una bolsa con 200.000 pesos en el cuarto de baño de su despacho.

"La gente descree del poder judicial y aprueba el sálvese quien pueda", se lamenta el abogado Ricardo Monner Sans, que lleva años intentando una cruzada particular contra la corrupción. El abogado ha presentado 33 denuncias formales en los últimos cinco años, algunas de largo recorrido, como la que afecta al incremento de patrimonio del matrimonio Kirchner, otras relacionadas con miembros del gabinete, como el poderoso ministro de Planificación, Julio de Vido (contra el que hay otras ocho denuncias), y finalmente otras que resultarían chistosas si no representaran un determinando ambiente: denunció a las Líneas Aéreas Federales (LAFSA), una empresa estatal, por no volar ni tener aviones pero pagar el sueldo de un gerente de atención al público y de mantenimiento. Monner denunció también el uso privado de bienes del Estado por parte de Néstor Kirchner, porque viaja en aviones oficiales sin cargo alguno que lo justifique.

"Garrido me acompañó en la denuncia sobre el patrimonio de los Kirchner. Ahora ya no sé lo que va a pasar", explicó ayer Monner Sans a EL PAÍS. "La marcha del fiscal es un asunto grave porque se quiebra una de las pocas voces independientes que quedaban", añadió. "Es conveniente recordar, además, que el estudio jurídico del procurador general, Righi, atiende a los gordos sindicales", apunta Monner Sans. Los gordos son los máximos responsables de la central sindical peronista, acusados también en ocasiones de irregularidades y enriquecimiento inexplicable.

Un repaso nada exhaustivo por los archivos de prensa muestra que 21 altos funcionarios nombrados por los Kirchner están siendo investigados por la justicia. Como no podía ser menos, las Fuerzas Armadas no se libran de las acusaciones de corrupción: el ex jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, está procesado por irregularidades en el manejo de una cuenta bancaria supuestamente destinada a fondos extrapresupuestarios.