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El espionaje en la Comunidad de Madrid

El PP oculta documentación clave para saber quién espió

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no ha tenido reparo en facilitar a un medio de comunicación los documentos sobre gastos del escolta de Alfredo Prada, el ex consejero de Justicia espiado supuestamente por agentes autonómicos, cuando se trasladó a León. Pero ha negado durante las últimas semanas documentación crucial para poder investigar quién de entre los agentes de la Consejería de Interior hizo los seguimientos a cargos del PP contrarios a la línea marcada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

El PP ha impuesto su mayoría absoluta en la comisión de investigación para no facilitar, entre otros, los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior: partes de los servicios realizados por éstos, facturas de material fotográfico, información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González y datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.

Los populares han rechazado más de la mitad de las peticiones de documentación del PSOE e IU. Además, han puesto todo tipo de vetos a las comparecencias que la oposición solicitó y que podían esclarecer lo ocurrido durante los últimos años en la Consejería de Interior.

El propio consejero, Francisco Granados, se negó a solicitar un dictamen pericial caligráfico sobre todos los agentes de la consejería y se limitó a pedir el cotejo de la firma de uno de los supuestos espías. Lo hizo evitando utilizar documentos originales y aportando fotocopias del diario EL PAÍS. El diario encargó un informe a dos peritos calígrafos que señalaron al agente José Manuel Pinto como autor de los partes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de marzo de 2009