Inversiones del CSIC

Resulta incomprensible que el CSIC (primer organismo público de I+D) se embarque en proyectos de ladrillo, más propios del sector inmobiliario, en lugar de apoyar más eficazmente la creación de ciencia y tecnología, lo que sí supondría una importante apuesta de futuro frente a la actual crisis económica.

Varios institutos del área de Tecnologías Físicas del CSIC (en la calle de Serrano de Madrid y en Arganda del Rey), han quedado excluidos del Plan Estratégico CSIC. La razón aducida es la construcción de un centro mixto con la Universidad Politécnica en Alcobendas, a costa de suprimir dichos institutos, que están ahora a pleno rendimiento.

Increíblemente, esta arriesgada acción, dirigida desde una vicepresidencia del CSIC, no cuenta con el apoyo de la mayoría de los investigadores afectados, quienes no han recibido justificación alguna para la extinción de sus centros de trabajo ni para la creación del nuevo centro. El proyecto científico resulta muy deficiente y además fue elaborado, ignorando departamentos y grupos de investigación, por comisiones nombradas a dedo que reinventaron líneas de I+D ya existentes y eliminaron otras en plena producción científico-tecnológica.

No se justifica tal destrozo ni la inversión multimillonaria, pues esos institutos del CSIC ya disponen de espacios e infraestructura suficiente, mientras otros centros del propio CSIC sufren graves faltas de espacio. Tampoco la posible colaboración con la Universidad Politécnica lo justificaría, ya que resultará marginal. Varias instituciones internacionales y organismos extranjeros se han dirigido a la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y al secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, manifestando su preocupación por la continuidad investigadora de estos institutos.

Lamentablemente, esta llamada de atención importante no ha producido respuesta alguna hasta el momento. Destruir en I+D resulta muy fácil: una simple medida política puede echar por tierra esfuerzos e inversiones de muchísimos años. La pasividad ministerial sería un grave error político, económico y social en este caso.